La segmentación de tarifas de luz y gas tuvo una buena adhesión, debido a que cerca de 1,7 millones de hogares se anotaron en el formulario para mantener los subsidios durante los primeros cinco días de la iniciativa, precisaron desde el Gobierno.
Se estima que poco más de 3 millones de personas registradas —entre el usuario que completó la declaración jurada y los mayores de 18 años declarados—. Desde este miércoles y hasta el viernes rige la inscripción para los DNI que terminan en 3, 4 y 5. Incluso, hasta las 15, ya se habían anotado 390.000 hogares.
Del registro de los documentos que terminan en 0, 1 y 2, se registraron alrededor de 57.000 usuarios que dejarán de recibir el subsidio a las tarifas de manera gradual, mientras que hay 770.500 hogares de ingresos bajos que mantendrán la tarifa social.
Asimismo, alrededor 601.000 usuarios con ingresos medios, cuyo aumento de tarifas será un 80% del coeficiente de variación salarial (CVS) del año anterior. Para esta segmentación de ingresos medios, el incremento en las tarifas de gas y electricidad fue 42% este año.
Durante cuánto tiempo estará habilitada la declaración juradaLos usuarios que no se anoten en la declaración jurada perderán de manera automática los subsidios, al menos que sean beneficiarios de tarifa social. En ese sentido, la Secretaría de Energía aconsejó que todos los hogares completen el formulario, porque el número de medidor puede no coincidir con el titular de la tarifa social.
La declaración jurada estará habilitada durante este mes y el registro se organiza en tramos por terminación de DNI. Pese a esto, desde el Ejecutivo habilitará más tiempo para completar el formulario a quienes no lo hayan hecho.
De este modo, la Secretaría de Energía cruzará los datos para determinar la población con el 10% de mayor poder adquisitivo que dejará de recibir la subvención y comenzará a pagar el costo pleno del gas y la electricidad, a través de aumentos graduales, que podrían ser hasta tres incrementos bimestrales.
Por consiguiente, los usuarios permiten al Estado acceder a las bases de datos de la AFIP, ANSES, Registros de la Propiedad y Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys), entre otros organismos que, en caso contrario, no podría porque violaría el secreto fiscal y financiero.
