Una comisión del Congreso de Perú acordó este jueves investigar al presidente Pedro Castillo en un caso de presunto tráfico de influencias, por el cual la fiscalía también le abrió una indagación a finales de mayo.
"Hemos decidido pasar a la condición de investigado al presidente Pedro Castillo con el fin de señalar posibles responsabilidades penales en el informe que vamos a emitir", anunció el presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el opositor Héctor Ventura, en conferencia de prensa.
"El presidente ha sido citado (como testigo) hasta en tres oportunidades y se ha mostrado renuente (a comparecer)", agregó al explicar el cambio de la condición de testigo a investigado, informó la agencia de noticias AFP.
El cambió de condición en las indagaciones que realiza sobre el caso de la casa ubicada en el jirón Sarratea, donde presuntamente se realizaban reuniones extraoficiales del mandatario con empresarios y ministros, fue motivada por su inasistencia a las citaciones, precisó Ventura.
Castillo no se presentó a declarar como testigo en ninguna de las tres convocatorias realizadas por la comisión parlamentaria en los últimos meses, precisa Télam.
"Existen grandes indicios y sospechas reveladoras de presuntos actos de corrupción", detalló Ventura, del partido fujimorista de derecha Fuerza Popular.
En paralelo, la fiscalía incluyó a Castillo en una causa por el mismo caso, sobre presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
Se trata de la investigación sobre el consorcio "Puente Tarata III", que busca determinar si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la Presidencia y dos sobrinos de Castillo integraban una supuesta red criminal encabezada por el presidente para conceder un contrato de obras públicas.
La fiscalía tiene previsto interrogar a Castillo, que finalizará su mandato en julio de 2026, el próximo viernes, 17 de junio.
"Es la primera vez que un presidente en funciones ha sido sindicado de liderar una organización criminal enquistada en los estamentos del Estado", a los que juró defender al asumir el cargo, para "cometer delitos de corrupción", expresó el representante de la fiscalía, Samuel Rojas, sobre la investigación abierta por el fiscal Pablo Sánchez.
Según Rojas, la investigación contra Castillo proviene de información "gestada en investigaciones fiscales", a raíz de las irregularidades denunciadas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones respecto a las adjudicaciones de una serie de obras de infraestructura.
La defensa del gobernante presentó una demanda de tutela de derechos antes de que el fiscal de la Nación pueda interrogar a Castillo sobre las imputaciones que lo colocan supuestamente como el responsable de organizar la adjudicación de obras a empresarios que colaboraron con su campaña electoral y de nombrar a funcionarios afines a esa tarea.
El abogado de Castillo, Benji Espinoza, declaró que el fiscal de la Nación no es competente para investigar al presidente, pues este solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones, por disolver el Congreso, o impedir el funcionamiento de los órganos electorales.
Espinoza añadió que Castillo ha recibido un "trato discriminatorio" porque a ningún expresidente se le ha abierto investigación mientras duró su mandato y citó los casos de Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (1985-1990, 2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016), imputados por lavado de activos a raíz del escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.
"Esperemos que (la sala) declare fundada mi demanda, si la Constitución defiende por igual a todos los peruanos", expresó el abogado defensor.
En esos procesos están actualmente denunciados y con orden de captura el exministro Juan Silva, el ex secretario de la Presidencia Bruno Pacheco y un sobrino de Castillo.
