En una decisión que iba a conocerse el miércoles pero que se adelantó al martes, el juez Román Parodi dictó la prisión preventiva para los sindicalistas de Camioneros involucrados en los bloqueos de San Nicolás y de esta manera avanza la causa judicial contra Maximiliano Cabaleyro, el jefe de la seccional nicoleña de Camioneros, y Fernando Espíndola. Sin embargo, el juez Parodi los benefició con prisión domiciliaria y deberán utilizar una pulsera electrónica.
En el fallo, al que se accedió Infobae, el magistrado resolvió en primer término “no hacer lugar a la solicitud de libertad impetrada por el Dr. Grugger y el Dr. Moral en favor de los imputados” y en el segundo punto decidió “convertir en prisión preventiva la detención que vienen sufriendo Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola por los delitos de turbación de la posesión -dos hechos-, coacción en grado de tentativa -dos hechos-, extorsión -dos hechos- y extorsión en grado de tentativa en concurso real”.
No obstante, les concedió el beneficio de la prisión domiciliaria. “Conforme las condiciones personales de los encausados –que cuentan con arraigo y contención familiar, y carecen de antecedentes penales condenatorios-, y su situación procesal, y el estado de la causa –prácticamente concluida-, es mi convencimiento que en el caso de autos, median razones que justifican la aplicación de un grado de coerción menos gravoso que la prisión en un establecimiento carcelario, no advirtiéndose además, motivos para presumir que en el caso de otorgarse el beneficio solicitado, exista peligro de fuga o de entorpecimiento del proceso”, dice el fallo al que accedió Infobae.
La abogada denunciante, Florencia Arietto, adelantó a Infobae que apelará el beneficio de la tobillera electrónica porque considera que podrían entorpecer la investigación.
Como les otorgó el beneficio de la domiciliaria, el juez también les impuso la prohibición de contacto “por cualquier medio (personal o técnico) con los denunciantes, Sergio Ariel Rey y Gustavo Ariel Rey, sus familiares, la firma comercial Rey Distribución S.R.L., y los integrantes de la misma, y cualquier otra persona y/o testigo vinculado a la presente causa”.
El incumplimiento de esas condiciones permitirá que se revoque el beneficio.
En febrero de 2021, Cabaleyro y Espíndola protagonizaron el bloqueo a una empresa familiar de la ciudad bonaerense de San Pedro, que funciona desde 1989 y tiene 35 empleados. El dueño de esa empresa, Ricardo Rey, de 70 años, se hizo conocido cuando se viralizó un video que se filmó en medio del hostigamiento sindical y luego de una nueva inspección a su pyme realizada por el Ministerio de Trabajo bonaerense: “Me vienen a arruinar esos hijos de puta. Qué mierda se creen, no quiero más esa gente acá. No los quiero más”, dijo, entre lágrimas.
A fines de marzo, la jueza de Garantías de San Nicolás ordenó la detención de los responsables de los bloqueos, aunque la misma se concretó una semana más tarde luego de que la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal desestimó el pedido de eximición de prisión efectuado por los acusados.
El juez Román Parodi está subrogando el juzgado de María Eugenia Maztegui, la magistrada que inicialmente había pedido la prisión preventiva de los gremialistas y debió pedirse licencia por estrés
Dirigentes de la oposición denunciaron que Maiztegui había sido presionada por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, quien en su condición de presidente de la Comisión Bicameral de Inteligencia amenazó con denunciarla por mal desempeño. La magistrada recibió el apoyo de la Asociación Argentina de Fiscales (AAF) y la Sociedad Rural de San Pedro, que consideraron que lo de Moreau “es una afectación de la independencia de los fiscales con motivo de los procesos que les toca intervenir”.
La fiscal había pedido de la preventiva luego del allanamiento en la sede central del Sindicato de Camioneros para buscar documentación sobre la presunta deuda de la empresa Distribuidora Rey, de San Pedro, que dio origen al bloqueo realizado en febrero de 2021.
“Debe evaluarse la gravedad de los delitos enrostrados y la pena en expectativa lo cual habla a las claras de un peligro concreto de fuga y de entorpecimiento para la investigación en caso de recuperar la libertad, pues quien está decidido a cometer un delito como este, también puede asumir la actitud de sustraerse a la justicia o amedrentar como antes dijimos a los que resultan testigos, que además cuentan con claro elementos tanto de logística y medios económicos para fugarse y evadir la justicia”, sostuvo la fiscal en un dictamen de 68 carillas.
La delegación nicoleña del Ministerio de Trabajo acreditó la existencia de la deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Moyano, pero primero no obtuvo respuesta y luego no recibió ningún detalle al respecto. Por eso se hizo el allanamiento.
La fiscal habría encontrado en la sede nacional del sindicato los mismos recibos que estaban en la seccional San Nicolás de Camioneros, firmados por Cabaleyro, pero ninguna documentación que acredite que efectivamente esa deuda de la empresa era real.
