La diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos, Jimena López presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de declaración en el que expresa su "preocupación" por la asunción de Héctor Eduardo "Chabay" Ruiz para ocupar en Santiago del Estero el cargo de diputado provincial, "debido a que fue condenado por delitos contra la integridad sexual".
Los fundamentos expuestos por la legisladora nacional, son los siguientes: "El 18 de febrero de 2015, Héctor Eduardo 'Chabay' Ruiz, exintendente de La Banda, la segunda ciudad más importante de Santiago del Estero, fue acusado de abuso sexual contra una mujer que concurrió a su oficina a raíz de una oferta laboral".
Remarca que "ante esto, Ruiz escapó y estuvo prófugo por casi medio mes. Fue descubierto luego de que a través de una conversación telefónica. Tras asumir su culpabilidad y cumplir una condena de tres años en suspenso", fue elegido como diputado provincial.
A entender de la legisladora "la asunción de Ruiz serviría para subvertir la finalidad de los fueros parlamentarios".
Recordó además que los legisladores "nos capacitamos y sensibilizamos en el marco de la Ley Micaela a fin de visibilizar las violencias por motivos de género. Bajo el mismo criterio, generamos encuentros con distintas instituciones, revalorizando leyes que esta Honorable Cámara ha debatido y acordado sancionar en beneficio de nuestra sociedad, ejemplo de ello es la Ley Nº 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia".
López entiende que "aprobar la asunción como legislador de una persona que encarna el estereotipo patriarcal que violenta y abusa de su poder; es no dar lugar a las voces de quienes sufrieron esos daños; es sentar precedente de que como cuerpo legislativo minimizamos los actitudes repudiables denunciadas; y es, fundamentalmente, desconocer el espíritu de nuestras propias leyes que buscan construir una sociedad más igualitaria y menos violenta".
Afirma además que "nos encontramos frente a un caso de extrema gravedad, con hechos debidamente acreditados y proceso judicial que da cuenta del accionar del referenciado candidato y de la ruta crítica que han -y continúan atravesando- las víctimas del abuso de poder y de la impunidad. Como diputados y diputadas debemos prestar juramento y manifestar nuestro profundo compromiso de desempeñar fielmente el cargo por el que fuimos elegidos y elegidas; obrar de conformidad a la Constitución Nacional y a la Constitución Santiagueña es incompatible con los actos de violencia y acoso que este potencial representante ha enfrentado, es contrario a la normativa internacional, nacional y provincial que previene, sanciona y busca erradicar las violencias por razones de género. Desde el enfoque de derechos y la perspectiva de género, como principios que guían el orden público en los tres poderes del Estado que deben ser reconocidos de manera ineludible, no es posible considerar a quien ha sido enjuiciado por abuso sexual y tiene otras causas abiertas al respecto como parte de un órgano que representa a la provincia, sus habitantes ni tomar decisiones que marcan el rumbo de la política".
Por todo lo expuesto anteriormente es que pide que el cuerpo deliberativo nacional manifieste "el máximo repudio y preocupación ante esta situación".
