El 19 de junio pasado prometía ser un día más en la vida de los habitantes de la fronteriza ciudad mexicana de Reynosa, Estado de Tamaulipas en el límite con Estados Unidos. Otro día donde el sol despuntaba con el típico calor de la región. La postal más común en el lugar son los carteles de droga que se tirotean por el control del territorio y el contrabando de mercaderías y armas. También los combates entre estos y las fuerzas de seguridad con su saldo en vidas y familias destruidas.
Algunos asesinatos selectivos, ajustes de cuentas o desapariciones de personas son moneda común; pero por lo general la población que se encuentra al margen de estas actividades puede seguir con sus vidas en una aparente normalidad; aunque el miedo domina a toda la población en un estado donde, según las estadísticas oficiales proporcionadas por la fiscalía del estado la falta de condenas o culpables se extiende al 96% de los casos llevados a la justicia. Pero este 19 de junio se transformó en un día diferente, un día mortal de sangre y fuego que impactó en todos los habitantes de esa región.
Aparentemente y sin motivo alguno, según lo relatan testigos sobrevivientes a esta masacre, un grupo de al menos tres vehículos que se desplazaba por las calles de la ciudad comenzó a disparar con armas largas y al azar a todo el que se le cruzaba en el camino. El saldo oficial de muertos y heridos a casi un mes de la tragedia aún se desconoce (ya que mientras el gobierno anunció catorce muertes, otras fuentes hacen subir el número de víctimas hasta unas veintiséis).
Las imágenes de los acribillamientos son impactantes, una de las victimas que conducía un auto sedan blanco recibió setenta y cinco impactos y las últimas víctimas registradas del raid asesino fueron alcanzadas mientras esperaban en una parada de colectivos. Dos de ellas eran técnicos médicos recién recibidos y la tercera una madre de familia.
Tan shockeantes y conmovedoras, que traspasaron las fronteras y hasta el mismo Papa Francisco dedicó una homilía condenando la masacre y llamando a poner fin a la violencia con un mensaje de consuelo a los familiares de las víctimas, que también fue destinado al gobierno mexicano y al Gobernador de Tamaulipas para que se termine con la violencia en la región.
El Gobernador es Francisco Javier García Cabeza de Vaca del Partido Acción Nacional (PAN), que según el periódico “Proceso” de México, estuvo preso en Texas por robo de armas y acusado de nexos con el Cártel del Golfo.
Las operaciones de búsqueda y detención de estos asesinos que pronto fueron relacionados con el Cartel del Golfo, llevaron a un enfrentamiento donde murieron tres delincuentes que se desplazaban en un vehículo. Mientras que en otros procedimientos se detuvo a veinticinco individuos incluido el autor intelectual de la masacre, el Jefe del Cartel en la zona conocido por el alias La Vaca, en un operativo donde se recuperaron drogas, una gran cantidad de fusiles de asalto y municiones como para armar un pequeño destacamento militar. También se logró rescatar a ciento diecinueve secuestrados que eran utilizados como parte de cadenas de prostitución forzada, tráfico humano y trabajo esclavo.
Aunque estos resultados podrían dar un poco de tranquilidad a las autoridades, otra tormenta estalló en el gobierno debido a que las acciones fueron encabezadas por el grupo policial estatal G.OP.ES. o Grupo de Operaciones Especiales de reciente formación y cuyas fuerzas fueron entrenadas por fuerzas especiales de Estados Unidos que en su informe final advirtieron sobre los problemas de comportamiento de la unidad. Y la controversia estalló porque varios de los miembros de las GOPES están acusados de haber perpetrado una masacre el 19 de enero de 2021 cerca de la frontera con Estados Unidos, que dejó un saldo de al menos diecinueve personas que aparecieron totalmente carbonizadas dentro de una camioneta y a las que solo se pudo identificar por análisis de ADN, encontrándose entre las víctimas catorce migrantes de Guatemala.
Asimismo varios oficiales de la fuerza fueron acusados por parte de un grupo de veinticinco familias de víctimas de robo, amenazas e intimidación y por la supuesta desaparición de cuatro individuos en la Ciudad de Mier, lo que provocó la huida de otras cien personas por miedo a la represión policial. Además de todas estas acusaciones, la oficina de campo de la D.E.A. de Estados Unidos en Arizona lanzó una acusación en febrero del 2021 contra quince miembros de esta unidad en la que se las acusa de haber secuestrado a otras siete personas para entregarlas a los carteles de la droga.
México ostenta un triste record desde la asunción de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia: se denunció la desaparición de 63.523 personas. De ellos, fueron encontrados 35.652 y todavía siguen sin ser halladas 27.871 personas. De los que aparecieron, 33.327 fueron encontrados con vida y 2.352 fallecidos. La situación no parece mejorar.
Todas estas acusaciones y falta de respuesta por parte de la justicia de México a los graves problemas del narcotráfico y la violencia general, no sólo siembran dudas sobre el accionar de las fuerzas de seguridad en dicho país; sino también sobre las bases y estructura del Estado mismo que parece haber utilizado estrategias que, a la luz de los hechos, poco han servido
Y que parecen no detenerse a la sombra de la impunidad y los dólares fáciles.
