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Opinión #Opinión

Nicaragua

Acusaciones de represión. Legislación que según la oposición trata de bloquear a cualquier contendiente de desafiar al gobierno en las próximas elecciones.

Todo esto suma dudas al proceso democrático en el país Centro Americano. Nicaragua fue el país emblemático de la lucha revolucionaria latinoamericana contra una bestial y feroz dictadura militar:

 

Hasta tal punto que Hollywood le realizó un film épico, el recordado “Bajo Fuego” en la que se describía la lucha por la democracia en este país Latinoamericano frente a la dictadura encabezada por el infame Anastasio Somoza. Se levantaba un pueblo sometido a la pobreza, la falta de esperanzas y a una represión brutal encabezada por las fuerzas armadas leales al régimen que asesinaban sin ningún tipo de miramientos a ciudadanos y miembros de la iglesia que alzaban la voz frente a estos vejámenes. Esta revuelta popular fue apoyada por varios países europeos y movimientos de derechos humanos en Estados Unidos, que aportaron su cuota de ayuda económica para lograr el cambio democrático.

 

Todo eso es pasado

Ese idilio de una visión pos-revolucionaria, con un gobierno popular que tendría que haber sostenido los valores de la revolución francesa, se contrapone a cruda realidad del siglo XXI, donde la iglesia, los movimientos sociales, estudiantiles y los partidos de oposición acusan al Presidente Daniel Ortega y su partido el Frente Sandinista que gobiernan el país en forma ininterrumpida desde el año 2007; de haber adoptado los métodos y formas de la dictadura de Somoza. Echando por la borda todos los avances democráticos y las libertades obtenidas a costa de sangre y sacrificios.

 

Gobierno nicaragüense que se encarama a una nueva reelección merced al haber logrado una reforma constitucional hace unos años. Reforma que le permite la reelección indefinida asegurándole el convertirse en una especie de monarca de aquel país.

 

Y es que el avance del Frente Sandinista para lograr acallar definitivamente a la oposición con sus denuncias de violaciones a los derechos humanos e intervención de agentes cubanos y venezolanos, es la presentación en carácter de urgente y extraordinario ante la Asamblea Nacional de un proyecto de ley que constituye uno de los últimos clavos que aseguran la proscripción de opositores que quieran presentarse de aquí en más a cualquier elección. En particular a las próximas elecciones presidenciales que se darán a fines del año 2021.

 

Este proyecto que presenta el oficialismo -poseedor del 63% de las bancas del parlamento- es la denominada “Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación Para la Paz”, por la que prácticamente a toda persona que se manifieste contra del gobierno, tanto en redes sociales u organismos internacionales y pida sanciones contra el gobierno en organismos como Tribunales Internacionales, Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos se les prohíbe presentarse como candidato a elecciones. Debido a lo laxo del texto presentado, da lugar a las más variadas y amplias interpretaciones judiciales.

 

En lo que la oposición entiende, la condena a la clandestinidad o el exilio ya que habilitaría en forma legal al gobierno no solo a impedir el disenso político; sino que permitiría la confiscación de oficinas, computadoras, celulares, automotores y todos los instrumentos que un líder político, sindical, estudiantil, campesino u organizaciones de derechos humanos usarían para cumplir sus funciones

 

Y es que desde abril de 2018 la situación política y social de Nicaragua se viene deteriorando a pasos agigantados, sacando a la superficie todo el malestar contra un gobierno que venía lentamente avanzando sobre los derechos sociales y las libertades individuales.

 

Cuando como consecuencia de la crisis económica que se estaba desenvolviendo en el país, Daniel Ortega decidió efectuar una reforma previsional por la que se reducían las jubilaciones y se aumentaban considerablemente los aportes al sistema social, ya colapsado; se desató una crisis socio-política con una ola de protestas antigubernamentales encabezadas por estudiantes, campesinos y desempleados.

 

Ante estas protestas contra lo que significaba una reducción del salario de bolsillo de todos los ciudadanos y sumir en la indigencia a las personas de la tercera edad; al gobierno no se le ocurrió mejor idea que lanzar a la policía y grupos paramilitares afines utilizando munición viva para reprimir y acallar el reclamo.

 

Muchos son los testimonios e imágenes de esta criminal represión contra población indefensa como para poder detallarlos todos en un artículo; pero queremos mencionar a modo de ejemplo el ataque contra una iglesia en Managua donde se habían refugiado estudiantes (que estaban realizando un Vía Crucis) a fin de escapar a la represión.

 

La iglesia fue atacada a balazos por simpatizantes del Frente Sandinista durante más de 15 horas, terminando el ataque luego de una fuerte protesta del Cardenal Silvio Báez, lo que le costó el cargo ya que debido a las amenazas de muerte que comenzó a recibir tuvo que abandonar Nicaragua tiempo después, para refugiarse en el Vaticano.

 

Las Naciones Unidas estiman que ha habido al menos 300 muertos incluyendo niños y adolescentes, sumado a 2000 heridos y miles de detenidos.

 

Debido a estas condiciones políticas, según ACNUR más de 104.000 nicaragüenses han debido huir del país principalmente a Costa Rica, México, Panamá y Guatemala a un ritmo creciente de 4000 personas por mes; quienes debieron pedir protección internacional frente a las violaciones a los derechos humanos que incluyen confiscaciones de bienes arbitrarias, amenazas de muerte y detenciones políticas sumarias seguidas de torturas.

 

Entre los refugiados debemos contar tanto a familias enteras como a estudiantes, ex-funcionarios públicos y líderes campesinos y de la oposición; quienes enfrentan una catástrofe humanitaria silenciada al mundo. Situación desesperada, incrementada por la pandemia del COVID-19 y cuyas consecuencias según los censos del gobierno de Costa Rica, que recibe a la gran mayoría de los refugiados, indican que casi el 80% de los mismos sólo tenga para comer una vez por día o no puedan pagar una vivienda por la falta de ingresos económicos. Convirtiéndose en parias humanos, lo que suma más desgracia a la tragedia nicaragüense.

 

Todas estas circunstancias nos traen preocupación sobre el desarrollo democrático y el reconocimiento del gobierno de Rafael Ortega en Nicaragua, también sobre el futuro de las sanciones a ese país. Las que a pesar del cambio de administración en Estados Unidos seguramente serán mantenidas.

 

Sumadas a la presión de la Comunidad Europea que seguramente no reconocerá al próximo gobierno, agravaran la crisis humana.

 

Frente a esta situación política será interesante ver cuál es la posición que toma cada uno de los países de Latinoamérica frente a este conflicto para entender no solo su visión internacional; sino si sienten afinidad por estos métodos políticos.

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