Supongamos. Es tan fácil suponer. Que un buen mal día a un dirigente de la Unión Cívica Radical intervenida lo “bajan” de una lista de candidatos. Supongamos que ese dirigente es, además, diputado provincial y compañero de bancada de quien se postula a gobernador por ese sector político.
Supongamos. Es tan fácil suponer, que el mencionado legislador ingresa a una confitería de la zona de tribunales de cualquier ciudad del mundo y le roba documentación electoral a la apoderada del partido para que, al límite de todos los plazos legales, no pueda presentar la lista de la que quedó excluido.
Supongamos. Sólo supongamos que la apoderada y el legislador protagonizan una discusión bochornosa en plena vía pública: Ella bregando para que le devuelva la documentación y él para retenerla.
Supongamos que se agredieron mutuamente y que la apoderada lo denunció ante la Justicia del Crimen. Aun siendo socios políticos, lo denunció.
Especulemos con que una jueza de Garantías solicitó varios días después el desafuero del diputado. Y que le imputó el delito de robo: “Será reprimido con prisión de un mes a seis años, el que se apoderare ilegítimamente de una cosa mueble, total o parcialmente ajena, con fuerza en las cosas o con violencia física en las personas, sea que la violencia tenga lugar antes del robo para facilitarlo, en el acto de cometerlo o después de cometido para procurar su impunidad”, tipifica el Código Penal. Y que impone el concurso ideal de delitos adjudicándole también el abarcativo del 255, por violación de sellos y documentos.
Siempre en un ejercicio mental fatigoso, y disculpas por la propuesta, imaginemos que el acusado hace cuatro semanas que no asiste a las sesiones de la Legislatura provincial. Y que “desapareció” de la faz de la tierra, y que en la sesión en que se leyó el despacho de la Comisión de Asuntos Constitucionales, su compañero de bloque y candidato a gobernador también registró ausencia. Banca vacía.
Supongamos que la Cámara de Diputados hizo lugar al pedido de desafuero y que el legislador deberá comparecer ante la Justicia, suspendido por la denuncia de sus propios compañeros de sector político.
Supongamos que será indagado por robo. Que puede que presente eximición de prisión. O, ante su ausencia, se ordene su detención en forma preventiva.
Supongamos. Es tan fácil suponer, que en cualquier lugar del planeta sería un escándalo mayúsculo. Al punto tal de que en cualquier sitio de este “ancho y ajeno” mundo, la sociedad respondería ante el bochorno con una severa reprimenda en las urnas.
Supongamos que no hay nada que suponer.
Y que en Santiago del Estero la realidad de la dirigencia local de Cambiemos supera a cualquier ficción. Y que la denunciante es la Dra. Felicitas Scaraffia, apoderada de ese sector político y que el denunciado —y ahora desaforado— es el diputado Jaime Díaz. Y que el compañero de bloque del suspendido legislador, ausente al momento de responder a la requisitoria de la Justicia en su condición de diputado de esta provincia, es el Ing. Marcelo Lugones. Y que es candidato a Gobernador de la Provincia.
No hay nada que suponer.
Y el próximo domingo, 22 de octubre, son las elecciones.
