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notas Polémica por las tarifas 

"Ni debate ni transparencia": Cuestionan al Gobierno por reemplazar las Audiencias Públicas con un formulario de Google

La Asociación de Defensores del Pueblo, con la firma del santiagueño Daniel Escobar Correa, alertó que el nuevo sistema de consulta por mail restringe la participación ciudadana y "debilita la democracia" al eliminar el intercambio real.

La letra chica del nuevo esquema de subsidios energéticos trajo cola. Mientras los usuarios digieren los cambios en los topes de consumo, estalló una fuerte polémica institucional: el Gobierno eliminó las históricas Audiencias Públicas y las sustituyó por un mecanismo digital que la oposición y los organismos de control consideran "precario".

La Asociación de Defensores y Defensoras del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) emitió un duro comunicado, suscrito por el Defensor del Pueblo de Santiago del Estero, Dr. Daniel Escobar Correa, expresando su "profunda preocupación".

La queja central es contundente: el Ejecutivo reemplazó el debate oral y público —donde se confrontan ideas cara a cara— por la recepción de opiniones a través de formularios de Google y correos electrónicos.

"Un formulario no es debate"

Para los defensores del pueblo, cambiar una audiencia por un clic no es solo un tecnicismo, sino un retroceso en derechos. "La consulta escrita no es equivalente a una audiencia pública. Se limita a recibir opiniones fragmentadas sin garantizar un intercambio real", advirtieron desde la entidad. El documento remarca que se pierde la posibilidad de repreguntar, de escuchar a las asociaciones de consumidores y de ejercer un control ciudadano en tiempo real sobre decisiones que impactan directo en el bolsillo.

Dudas sobre la seguridad

ADPRA fue más allá y cuestionó incluso la herramienta elegida. Alertaron sobre el uso de plataformas privadas (como los formularios de Google) para recolectar datos sensibles de la ciudadanía, lo que podría comprometer la seguridad de la información institucional.

Inconstitucionalidad

El planteo, apoyado por la defensoría santiagueña, recuerda que este cambio choca con el artículo 42 de la Constitución Nacional, que garantiza la participación real y eficaz de los usuarios. "Cuanto mayor es el impacto económico de una decisión, mayor debe ser la transparencia", sentenciaron, exhortando a Milei a dar marcha atrás y restablecer las audiencias presenciales o virtuales, pero con debate real.

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