Beatriz Blanco, jubilada de 87 años, presentó una denuncia contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tras haber sido golpeada y gaseada por un efectivo policial durante la represión en las inmediaciones del Congreso. El hecho, que conmocionó a la opinión pública, ocurrió en el marco de una manifestación contra las políticas de ajuste del gobierno de Javier Milei.
Las imágenes que circularon en medios de comunicación mostraron el momento en que Blanco, quien participaba pacíficamente de la protesta, fue golpeada por un agente de seguridad con una cachiporra, cayendo inmediatamente al suelo con una herida en la cabeza. Luego de ser auxiliada, fue trasladada en ambulancia con una evidente hemorragia.
La represión ordenada por el Gobierno resultó en un saldo de al menos 672 personas heridas, incluyendo periodistas, defensores de derechos humanos, jubilados y jóvenes, según informó la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Este organismo alertó sobre la instauración de un "régimen autoritario que niega los derechos constitucionales" y denunció que la intervención policial incluyó a más de 1.000 efectivos de distintas fuerzas de seguridad. Según la CPM, la represión comenzó a las 15:15 hs, mucho antes de la hora oficial de la movilización, con el fin de evitar la concentración.
Las declaraciones de Bullrich y la denuncia contra los manifestantes
Lejos de reconocer los excesos policiales, la ministra de Seguridad justificó la represión alegando que los manifestantes "venían a tomar el Congreso y a voltear al Gobierno" y afirmó que algunos estaban "preparados para matar". En una entrevista con La Nación Más, Bullrich reforzó esta postura asegurando que la movilización estaba integrada por "barrabravas, agrupaciones de izquierda y kirchneristas".
Además, la ministra anunció que el Gobierno tomaría medidas contra la jueza Karina Andrade, quien liberó a 114 detenidos tras la represión. "Vamos a actuar en contra de esta jueza que ha decidido liberar a violentos que ayer quisieron desestabilizar a nuestro país y a nuestro gobierno", declaró Bullrich en una conferencia de prensa sobre la tragedia del temporal en Bahía Blanca.
En paralelo, el Ministerio de Seguridad, representado por el abogado Fernando Soto, presentó una denuncia penal contra los manifestantes por "sedición, atentado al orden constitucional y la vida democrática, y asociación ilícita agravada". Entre los acusados se encuentran el exjefe de Montoneros, Mario Firmenich, y los intendentes de La Matanza y Lomas de Zamora, Fernando Espinoza y Federico Otermín, respectivamente. Además, se señala como organizador a Leandro Capriotti, vinculado al dirigente sindical Luis Barrionuevo.
Este episodio marca uno de los operativos de seguridad más violentos desde 2021 y pone en evidencia la creciente tensión entre el Gobierno y los sectores de la sociedad que cuestionan sus políticas. Mientras organismos de derechos humanos advierten sobre una escalada represiva, la administración de Milei refuerza su discurso de criminalización de la protesta social.
