El fiscal Raúl Villalba y los abogados de la querella apelaron hoy la excarcelación a Elian "L-Gante" Valenzuela, la cual había sido concedida por el juez Gabriel Castro. El cantante seguirá detenido en el marco de la causa por privación ilegítima de la libertad y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego contra dos vecinos en la localidad bonaerense de General Rodríguez.
La medida se tomó luego de que durante la noche del miércoles incendiaran el auto que pertenece a la pareja de Gastón Torres, el denunciante de la causa por la que fue detenido el cantante.
Los abogados de la querella aseguran que L-Gante “todavía tiene demasiado poder afuera” de la cárcel. Incluso, en la recusación hicieron mención al incendio del auto, según informó el periodista Leo García en C5N.
“El hecho que Valenzuela sea una persona de reconocida fama (...) entiende este Ministerio Público que tal circunstancia resulta un indicio de que pueda incumplir sus compromisos procesales precisamente con motivo de la posibilidad de salir del país por vías no convencionales”, argumentaron desde el desde el Ministerio Público Fiscal.
En cuanto al incendio del auto, testigos afirman que fue provocado por sujetos que se movilizaban en un VW Vento que tenía ploteado el término "Mafilia", con el que se identifican los allegados al cantante de cumbia 420, según informó Semanario Actualidad.
Pese a que el martes el juez Castro le había concedido la excarcelación, L-Gante continuaba detenido ante la posibilidad de que tanto la fiscalía o el particular damnificado apelaran la decisión, lo que finalmente sucedió hoy.
El juez había hecho lugar al pedido del abogado de Valenzuela, Juan Pablo Merlo, pero había indicado que, para que la excarcelación sea efectiva, el cantante debía pagar una caución real de $20 millones, fijar domicilio y no ausentarse por más de 24 horas sin notificar al juzgado interviniente.
Además, el juez Castro había impuesto una serie de condiciones al cantante, como la prohibición de salir del país y la obligatoriedad de comparecer una vez al mes en la sede del Juzgado de Garantías 2 de Moreno, como así también una prohibición de acercamiento de hasta 500 metros a sus presuntas víctimas Darío Gastón Torres y Rosa Catalina Passi, y la imposibilidad de comunicarse con ellos bajo ningún medio.
