La Fiscalía de Bolivia abrió una investigación contra el expresidente Evo Morales (2006-2019) por el delito de instigación pública a delinquir y otros, a raíz de una denuncia presentada por el Gobierno de Luis Arce en medio de protestas de sus seguidores que rechazan su inhabilitación para las elecciones presidenciales de agosto.
El lunes, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó en una conferencia de prensa que se admitió el caso contra el ex mandatario y una dirigente sindical pero no precisó si se admitieron todos los cargos. La denuncia presentada por el Ministerio de Justicia el 5 de junio incluía los delitos de terrorismo, instigación pública a delinquir, atentados contra la seguridad de los servicios públicos y obstaculización de procesos electorales, entre otros.
La denuncia penal surgió luego de que un ex dirigente cercano a Morales difundiera un audio en el que se escucha una voz atribuida al exmandatario instruyendo a uno de sus seguidores a cortar rutas, cercar la ciudad de La Paz y ejecutar la “batalla final”. El entorno del líder cocalero negó la veracidad de la grabación y dijo que se trata de un audio realizado con inteligencia artificial. En esa línea, el ex mandatario acusó al Gobierno de “montar casos” para desprestigiarlo.
En este caso también involucra la dirigente cocalera Suset Rodríguez, quien supuestamente habría dado instrucciones, por orden del ex mandatario, para tomar los domicilios de autoridades y personas vinculadas a la administración de Arce.
Esta investigación se suma a otra que se lleva contra el ex mandatario en la que se lo acusa de trata de personas al haber abusado sexualmente de una menor de edad, a la que habría embarazado, cuando era Presidente. Por este caso, enfrenta una orden de aprehensión que lo llevó a atrincherarse en la región cocalera de Cochabamba, al centro del país, donde goza de la custodia de sus seguidores para evitar su captura.
Las leyes bolivianas establece una pena de 15 a 20 años por terrorismo, el delito más grave de los que enfrenta Morales.
Protestas del evismo y otros sectores
Bolivia inició el lunes la segunda semana de bloqueos de carreteras, la mayoría concentrados en el departamento de Cochabamba, bastión del ex presidente Morales, donde cientos de seguidores instalaron piquetes como medida de protesta por su inhabilitación para las elecciones generales convocadas para el 17 de agosto.
El ex mandatario está impedido de participar debido a una sentencia judicial que limita el ejercicio de la Presidencia a dos mandatos, consecutivos o no, y Morales ya ocupó el cargo en tres periodos, entre 2006 y 2019. Sus partidarios sostienen que el fallo es inconstitucional e intentaron forzar su postulación con marchas y amenazas a los vocales del Tribunal Supremo Electoral.
A estas manifestaciones se suman otras de diversos sectores que reclaman acciones para frenar el aumento de los precios de la canasta familiar, incrementar el suministro de combustible y resolver la crisis económica que enfrenta Bolivia desde hace más de dos años. En la región productiva de Santa Cruz, al este, se realizan piquetes para exigir una mayor dotación de diésel y se registraron otros cortes en la carretera hacia Perú, al oeste del país.
Las manifestaciones también toman las ciudades. Este lunes hubo tres marchas masivas y simultáneas en la sede de Gobierno en la que participaron gremiales, médicos y campesinos en la que expresaron su malestar por la situación económica del país, que se agravó en las últimas semanas por el alza del precio del dólar en el mercado paralelo y un nuevo periodo de desabastecimiento de diésel y gasolina.
