Era lunes, 18 de julio de 1994. La sede de la AMIA, ubicada en la calle Pasteur 633, funcionaba con normalidad. Empleados, socios y vecinos transitaban por la zona, mientras cientos de personas realizaban sus actividades habituales en el barrio porteño de Once.
A las 9:53 de la mañana, el silencio fue interrumpido por una explosión devastadora.
Un vehículo cargado con explosivos impactó contra el edificio y detonó una enorme carga que provocó el derrumbe casi total de la estructura.
En cuestión de segundos, la sede de la AMIA quedó reducida a escombros.
El horror bajo los escombros
La explosión se sintió a varias cuadras de distancia. Vidrios rotos, autos destruidos y edificios dañados fueron parte del escenario que dejó el atentado.
Las imágenes recorrieron el mundo: columnas de polvo, personas heridas caminando entre los restos del edificio y cientos de rescatistas trabajando desesperadamente para encontrar sobrevivientes.
El balance final fue devastador:
85 personas murieron. Más de 300 resultaron heridas. Decenas de familias quedaron marcadas para siempre.
Bomberos, policías, médicos, voluntarios y vecinos participaron durante días de las tareas de rescate, removiendo toneladas de escombros con la esperanza de encontrar personas con vida.
Un ataque que conmocionó al mundo
El atentado contra la AMIA ocurrió apenas dos años después del ataque contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, que había dejado 22 muertos.
La repetición de un atentado de semejante magnitud generó una profunda preocupación nacional e internacional.
Argentina se convirtió en el único país de América Latina que sufrió dos ataques terroristas de gran escala en tan poco tiempo.
La investigación
Desde un principio, la investigación estuvo rodeada de irregularidades.
Hubo denuncias de:
Manejo deficiente de pruebas. Pistas falsas. Pagos ilegales a testigos. Destrucción de evidencia. Encubrimiento por parte de funcionarios públicos.
Con el paso de los años, distintos jueces y fiscales tomaron la causa, que se transformó en uno de los expedientes judiciales más complejos de la historia argentina.
La llamada "conexión local"
Uno de los primeros grandes juicios buscó determinar si existía una red de apoyo dentro del país que hubiera colaborado con los autores del atentado.
Sin embargo, el proceso terminó anulado luego de comprobarse graves irregularidades en la investigación original.
Posteriormente, varios exfuncionarios judiciales y de inteligencia fueron juzgados por el encubrimiento de la causa.
Las acusaciones internacionales
A lo largo de la investigación, la Justicia argentina sostuvo la hipótesis de que el atentado fue planificado por altos funcionarios del gobierno iraní de la época y ejecutado por integrantes del grupo Hezbollah.
A partir de esa línea investigativa, se emitieron pedidos de captura internacional contra varios ciudadanos iraníes, algunos de ellos mediante notificaciones rojas de Interpol.
Sin embargo, ninguno de los principales acusados fue juzgado en Argentina, ya que nunca fueron extraditados.
El memorándum con Irán
En 2013, el gobierno argentino firmó un Memorándum de Entendimiento con Irán, con el objetivo declarado de avanzar en la investigación mediante la creación de una comisión conjunta.
El acuerdo generó una fuerte polémica.
Mientras el Gobierno sostenía que permitiría destrabar la causa, familiares de las víctimas y entidades de la comunidad judía consideraron que podía favorecer la impunidad de los acusados.
Años más tarde, el memorándum fue declarado inconstitucional por la Justicia.
La muerte del fiscal Alberto Nisman
Uno de los episodios más impactantes vinculados al atentado ocurrió el 18 de enero de 2015, cuando el fiscal Alberto Nisman, quien investigaba la causa AMIA desde 2004, fue hallado muerto en el baño de su departamento con un disparo en la cabeza.
Su fallecimiento se produjo apenas un día antes de presentarse en el Congreso para explicar una denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios, a quienes acusaba de haber intentado encubrir a los sospechosos iraníes mediante el memorándum.
La muerte de Nisman generó una enorme conmoción política y judicial. Tras años de peritajes e investigaciones, la Justicia federal concluyó que se trató de un homicidio, aunque el caso continúa rodeado de controversias y sin una condena firme contra los responsables.
El juicio en ausencia
Décadas después del atentado, el Congreso argentino aprobó una ley que habilita el juicio en ausencia para determinados delitos graves, una herramienta que abrió la posibilidad de avanzar judicialmente contra acusados que permanecen fuera del país y no comparecen ante los tribunales.
Esta medida fue considerada un paso importante por familiares de las víctimas y representantes de la comunidad judía, ya que podría permitir que la causa avance pese a la imposibilidad de extraditar a los principales sospechosos.
Un reclamo que no se apaga
Cada 18 de julio, a las 9:53, las sirenas vuelven a sonar en el lugar donde estuvo el edificio destruido.
Familiares, sobrevivientes, autoridades y ciudadanos participan de un acto en memoria de las víctimas.
Uno de los momentos más emotivos es la lectura de los nombres de las 85 personas fallecidas, seguida del reclamo que se repite desde hace más de tres décadas:
"Memoria y Justicia".
El impacto en la sociedad argentina
El atentado no solo dejó una profunda herida en la comunidad judía argentina, la más numerosa de América Latina, sino que también marcó a toda la sociedad.
El ataque evidenció las amenazas del terrorismo internacional y expuso las debilidades del sistema judicial y de inteligencia del país para investigar un hecho de semejante magnitud.
Además, el largo camino sin condenas por los autores materiales e intelectuales convirtió al caso AMIA en uno de los mayores símbolos de la lucha contra la impunidad en Argentina.
Un dolor que sigue vigente
Más de treinta años después de la explosión, el atentado a la AMIA continúa siendo una de las páginas más dolorosas de la historia argentina.
Las familias de las víctimas siguen reclamando respuestas, mientras la investigación permanece abierta y el desafío de alcanzar una verdad judicial completa continúa siendo una deuda del Estado.
El edificio fue reconstruido y hoy funciona nuevamente como sede de la AMIA, pero la memoria de las 85 víctimas permanece viva. Cada aniversario renueva el compromiso de recordar lo ocurrido y de exigir que uno de los atentados más graves de la historia del país no quede impune.
