El caso que investiga presuntos sobornos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) entró en una fase crítica: los fiscales profundizan en un circuito financiero complejo que involucraría a intermediarios, sociedades offshore, cheques, criptomonedas y transferencias para ocultar y direccionar fondos procedentes de las coimas.
El núcleo de la pesquisa señala al lobista Miguel Ángel Calvete como una figura clave. Según el dictamen fiscal, él habría facilitado contratos millonarios a través de una red de empresas aliadas, mientras entregaba “sumas importantes” de dinero a Alan Pocoví, otro protagonista de la causa. Se investiga que parte de esos recursos se habrían convertido en criptomonedas por medio de una plataforma llamada Neblockchain S.A.
La Justicia también apunta a Guadalupe Muñoz, que estaría actuando como operadora financiera: se afirma que recibía cheques de los proveedores y luego los canalizaba a Pocoví, para que este los gestione y movilice. Uno de los caminos investigados lleva hasta una firma llamada Finanzas Sur, que podría ocultar los nombres reales detrás de las transferencias.
Además, se analiza el rol del empresario Sergio Mastropietro, quien, según el expediente, habría realizado movimientos sospechosos junto a Calvete, incluyendo la emisión de facturas por servicios extraños para supuestos vuelos y la participación en empresas vinculadas a transferencias importantes.
La causa también contempla a exfuncionarios de ANDIS, entre ellos Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y su número dos, Daniel Garbellini, a quienes ya se los ha citado a declarar. También están convocados otros posibles implicados: Luciana Ferrari, Roger Edgar Grant y Guadalupe Ariana Muñoz, entre otros.
Desde el Palacio de Justicia señalan que la complejidad del entramado financiero podría responder a un esquema sistemático de corrupción, más allá de una maniobra puntual. Algunos analistas señalan que este caso podría revelar un “modus operandi institucional” de corrupción más amplio, en el que el desvío de fondos públicos se combina con estrategias sofisticadas de lavado.
En paralelo, la Justicia federal realizó una serie de allanamientos para buscar documentación clave, como balances de las empresas sospechadas, registros de cuentas bancarias y operaciones de criptomonedas, con el objetivo de trazar el origen y destino del dinero involucrado.
