La jueza Julieta Makintach, de 47 años, presentó su renuncia al cargo este martes, en medio del proceso de Jury de Enjuiciamiento iniciado en su contra por presuntas irregularidades en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La decisión fue confirmada por fuentes de la Suprema Corte bonaerense, luego de que comenzara la primera audiencia del jurado especial conformado para analizar su desempeño.
Makintach, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de San Isidro, fue apartada preventivamente del cargo luego de que se conociera que autorizó la filmación de un documental durante las audiencias del juicio, generando un escándalo judicial y la anulación del proceso tras 22 jornadas de debate.
El tribunal del Jury, compuesto por diez conjueces –abogados y legisladores provinciales– votó de forma unánime el apartamiento del cargo, tras analizar siete denuncias presentadas en su contra ante la Secretaría de Juicio Político de la provincia de Buenos Aires.
Desde principios de junio, la magistrada ya se encontraba bajo una “licencia obligatoria” dictada por el comité de Disciplina de la Suprema Corte, medida que la había desplazado del ejercicio de sus funciones por un período inicial de 90 días.
El escándalo estalló cuando se reveló que durante el juicio por la muerte del ídolo futbolístico, la jueza había autorizado la presencia de cámaras para registrar el proceso con fines documentales, decisión que, según los denunciantes, habría comprometido la imparcialidad del tribunal y afectado la garantía de un debido proceso.
Makintach actuaba como vocal subrogante del Tribunal Oral Criminal N° 3, integrado además por los jueces Maximiliano Savarino y Verónica Di Tommaso, quienes estuvieron a cargo del proceso judicial que intentaba esclarecer las responsabilidades penales en la muerte de Maradona. Finalmente, el juicio fue anulado debido a vicios procesales y la polémica en torno a las grabaciones no autorizadas por las partes.
La renuncia de la magistrada pone fin formal a su carrera dentro del Poder Judicial bonaerense, tras haber sido designada por el Senado provincial en 2017. Su salida, sin embargo, no clausura el debate institucional sobre la transparencia y el manejo de uno de los casos más emblemáticos de la justicia argentina reciente.
