El deterioro del poder adquisitivo y el aumento constante del costo de vida están llevando a las familias argentinas a una situación límite: según recientes investigaciones, una abrumadora mayoría de los hogares (9 de cada 10) contrajo deudas en el último año, y lo más alarmante es que más de la mitad de ese endeudamiento se destinó a la compra de alimentos básicos para la subsistencia diaria.
Si bien el endeudamiento familiar no figura directamente en las mediciones oficiales de pobreza, se ha convertido en una preocupante estrategia de supervivencia. Datos revelan que más del 40% de los hogares debió recurrir a sus ahorros para cubrir gastos cotidianos, mientras que un tercio solicitó préstamos a familiares o amigos, y más del 10% depende de la ayuda alimentaria proporcionada por organizaciones sociales.
La forma en que los argentinos se endeudan también refleja la urgencia de la situación. Si bien históricamente el crédito se utilizaba para inversiones a largo plazo, viajes o compras significativas, en la actualidad el endeudamiento se centra cada vez más en financiar gastos corrientes esenciales para el día a día. El 54% de las deudas contraídas por las familias en el último año tuvo como único destino la compra de alimentos, un indicador contundente de la creciente dificultad para cubrir las necesidades básicas con los ingresos corrientes.
Esta realidad impacta de lleno en el patrimonio de los hogares y limita drásticamente sus posibilidades de afrontar necesidades presentes y planificar un futuro.
Un millón de pesos, la barrera para no ser pobre y el peso agobiante del alquiler
El umbral de la pobreza se eleva cada vez más. En marzo pasado, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó más de un millón de pesos ($1.374.360) para cubrir el costo de la Canasta Básica Total (CBT), según estimaciones privadas. Este valor, que incluye bienes y servicios, cuadruplica el salario mínimo actual, exponiendo la profunda brecha entre ingresos y gastos esenciales.
A este panorama se suma la crisis del mercado de alquileres tras la desregulación impulsada por el DNU 70/2023. El 64,6% de los inquilinos del país contrajo deudas y el 48% se atrasó en el pago del alquiler, a pesar de que ya destinan casi la mitad de sus ingresos a cubrir esta necesidad básica. El alquiler, junto con el pago de servicios y transporte público, triplicó su peso en los gastos fundamentales de un hogar.
Desde el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP) analizaron la compleja situación: “Si bien hay hogares que pueden haber salido de la pobreza debido a que sus ingresos llegaron a superar el valor de la CBT, ante la fuerte pérdida sufrida debieron recurrir a otros recursos más allá de sus ingresos corrientes, mediante estrategias que pueden deteriorar su situación patrimonial. Por otra parte, incluso aunque sus ingresos les hayan permitido salir de la pobreza, no necesariamente recuperaron el nivel de consumo previo, generando la necesidad de gastar ahorros o endeudarse para su sostenimiento”.
El IPYPP advierte que “el endeudamiento creciente puede sustraer porciones significativas de los ingresos al momento de devolver esos créditos, reduciendo el disponible y afectando la situación económica de los hogares, aspecto que no es contemplado en el indicador de pobreza”.
Consumo en caída libre y un mercado laboral precario
A pesar de una leve desaceleración en los precios minoristas en los últimos meses, el poder adquisitivo de los hogares continúa deteriorándose, especialmente para aquellos de menores ingresos. El consumo privado mantuvo una tendencia contractiva durante todo 2024, con récords históricos de caída en el consumo per cápita de leche y carne vacuna. La consultora Scentia anticipó que esta tendencia se mantuvo en el inicio de este año, con caídas del 10,6% en enero y del 9,8% en febrero, acumulando 14 meses consecutivos de descenso.
Esta contracción del consumo está directamente ligada al elevado costo de vida. La Canasta Básica Total alcanzó en marzo un valor de $ 1.374.360, mientras que la línea de Indigencia se ubicó en $ 744.131, según un informe del Instituto de Estadísticas y Tendencias Sociales y Económicas (IETSE).
Estos valores chocan con la realidad de un mercado laboral precario. Casi una cuarta parte de los trabajadores son cuentapropistas, y dentro del 73% de la población asalariada, el 37% trabaja de manera informal. Esto significa que tener un empleo no garantiza alcanzar el salario mínimo fijado por ley. De hecho, el 24% de los trabajadores gana menos del salario mínimo por hora, porcentaje que asciende al 41% para cuentapropistas y al 40,6% para la población asalariada informal.
La combinación de un costo de vida en ascenso, salarios insuficientes y un mercado laboral con altos niveles de informalidad está empujando a una porción cada vez mayor de familias argentinas a depender del endeudamiento para cubrir sus necesidades más básicas, generando una preocupante espiral de vulnerabilidad económica.
