La Justicia federal ordenó al Gobierno nacional la aplicación inmediata de la Ley de Emergencia en Discapacidad, al hacer lugar a un amparo colectivo presentado contra el Poder Ejecutivo. La decisión fue adoptada este viernes por el juez federal de Campana Adrián González Charvay, quien además suspendió un artículo de un decreto presidencial que condicionaba la implementación de la norma.
En su fallo, el magistrado declaró la invalidez del artículo 2° del Decreto 681/2025, al considerar que “desconoce los lineamientos y las obligaciones establecidas en el artículo 75, inciso 23 de la Constitución Nacional”, que impone al Estado la adopción de medidas de acción positiva para garantizar la igualdad real de las personas con discapacidad.
Asimismo, el juez sostuvo que el decreto incumple compromisos asumidos por el país en tratados internacionales de derechos humanos, entre ellos la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos con jerarquía constitucional.
La resolución también señala que la suspensión de la ejecución de la Ley 27.793 vulnera de manera “objetiva y directa” el mandato constitucional de promulgación previsto en el artículo 83 de la Constitución Nacional, al advertir que el Poder Ejecutivo “excede en forma manifiesta las facultades que la norma constitucional le confiere”, en contraposición al principio de legalidad y a la supremacía constitucional.
En uno de los tramos más contundentes del fallo, González Charvay remarcó que “la promulgación de una ley por insistencia del Congreso no admite excepciones, condiciones ni suspensiones administrativas”, y subrayó que el texto constitucional no contempla otra alternativa, una vez ratificada la ley por ambas Cámaras con mayoría calificada, que su promulgación, publicación y aplicación inmediata.
La decisión judicial representa un fuerte revés para el Ejecutivo y refuerza la obligación del Estado de garantizar de manera efectiva los derechos de las personas con discapacidad, en el marco de la normativa nacional e internacional vigente.
