La cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) resolvió este jueves que se movilizará la semana próxima a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei, cuyo proyecto ya fue enviado al Congreso para su tratamiento. La medida fue definida en una reunión de la mesa chica, a pesar de que el texto oficial no introduce modificaciones de fondo en cuestiones sensibles para los gremios, como las cajas sindicales o la cuota solidaria.
“La reunión estuvo atravesada casi por completo por el proyecto de reforma laboral que el Ejecutivo ingresó hoy al Senado. Fue el eje central del análisis político, social, económico y laboral del país”, señalaron los dirigentes. Además, criticaron al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por “omitir aspectos clave” del informe del Consejo de Mayo, un documento de más de 400 páginas que, según dicen, contiene expresiones que consideran “agresiones hacia los trabajadores”.
La CGT denunció que el informe oficial hace referencia a “trabas”, “aprovechamientos sindicales” e incluso ironiza sobre la actividad laboral, mientras que —marcaron— no menciona que en la página 288 figura la postura formal de la central, expresada por Gerardo Martínez, donde se deja asentado el rechazo explícito a los lineamientos discutidos.
Uno de los puntos más sensibles del proyecto vuelve a poner bajo la lupa el sistema de retención de cuotas sindicales. El texto señala que los empleadores podrán actuar como agentes de retención “siempre que medie conformidad expresa del trabajador, acuerdo entre las partes y autorización de la Secretaría de Trabajo”. Además, advierte que cualquiera de las partes podrá revertir el acuerdo con 30 días de anticipación.
Para la CGT, muchas de las definiciones del informe tienen “un sesgo ideológico antes que pragmático” y muestran una “fuerte coincidencia” entre la propuesta de la Unión Industrial Argentina y el proyecto del Gobierno. En su diagnóstico, el país atraviesa un “industricidio”: aseguran que ya cerraron más de 18.000 pymes, se destruyeron 300.000 empleos formales y que “400 trabajadores por día quedan afuera del mercado laboral registrado”.
La conducción sindical enfatizó que no existió una instancia de negociación previa y remarcó que el Ejecutivo avanzó sin consultar a los dos actores que, a su entender, debieron haber estado en la discusión: empleadores productivos y trabajadores. Por eso, la central expresó un rechazo total a cada uno de los puntos del proyecto y anticipó que lanzará una estrategia política y judicial para frenarlo.
Según la CGT, varios artículos son “claramente inconstitucionales”, vulneran el principio protector del derecho laboral y derogan derechos adquiridos en sectores como el periodismo, los viajantes, choferes particulares y enfermería. “Vamos a explicar a cada legislador y a cada gobernador por qué esta ley no puede aprobarse”, concluyeron los dirigentes, que ya preparan su demostración de fuerza en Plaza de Mayo.
