El fondo Burford Capital le pidió a la jueza de Nueva York Loreta Preska que autorice la transferencia a su favor del 51% de las acciones de YPF que posee el Estado argentino desde que expropió la compañía en 2012.
El pedido se sustenta en el incumplimiento de un fallo que obliga al país abonar US$ 16.100 millones.
El bufete de abogados inglés, el principal beneficiario del juicio por el que el Estado argentino fue condenado a pagar USD 16.000 millones, sabe que Argentina no va pagar. No tiene con qué hacerlo. Pero esa no es su principal preocupación: está más alarmado porque no logra que las autoridades locales –ni las del gobierno anterior, ni las de la actual administración libertaria, al menos hasta el momento– se sienten a negociar luego de la condena que llegó el año pasado.
La demanda que ya lleva más de 9 años de trámite, y está en proceso de apelación, llegó después de que la jueza Loretta Preska fallara en contra del país y lo encontrara culpable de expropiar mal la petrolera en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidente.
Burford había solicitado días atrás quedarse con el paquete accionario, en un pedido secreto. Argentina pidió que se hiciera público, Preska aceptó y la noticia trascendió esta tarde
Según Sebastián Maril, de Latin Advisors, el pedido incluyó también a las acciones de YPF que están en manos de las provincias.
“En noviembre del año pasado, Preska indicó que las acciones de YPF pertenecientes al Estado, pero no las asignadas a las provincias, podrían ser utilizadas como garantía para evitar embargos futuros. Preska no tomará una decisión hasta la primera semana de junio. Recordatorio: la ley de Expropiación dice que ‘...se encuentra prohibida la transferencia futura de [las acciones] sin autorización del H. Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros’”, destacó el especialista.
— ¿Preska puede fallar a favor de Burford y exigir la transferencia?
— Esto ocurre porque Argentina no puso una garantía en enero como estaba previsto y porque no hay negociaciones con los beneficiarios del fallo. Sí que es factible que la jueza autorice el traspaso de las acciones porque ya dijo que podían ser utilizadas como garantía. Si eso pasa y el Estado no cumple entraría en desacato con la corte norteamericana, algo que ya pasó con el juez Thomas Griesa, hace casi 10 años. Entrar en desacato una vez más con una corte americana sería complicado. Creo que lo que quiere Burford es negociar, hacer ruido.
Embargos
A comienzos de marzo se supo que comenzaron a llegar los pedidos de reconocimiento de la sentencia, el paso previo a las solicitudes de embargos de bienes del Estado. Argentina apeló la medida, pero nunca presentó avales por los USD 16.000 millones y eso desencadenó el pedido de embargo y la actual solicitud de traspaso de acciones.
En los últimos días de 2023, Milei habló del caso. Aseguró que “hay un problema porque la plata no la tenemos. No tenemos USD 16.000 millones para pagar. Sí tenemos el willing to pay, la voluntad de pagar”.
El mandatario dijo que va a proponer un nuevo impuesto para pagar la deuda con Burford. Lo bautizó: “tasa Kicillof”, por el gobernador bonaerense que era viceministro de Economía en 2012 y fue uno de los impulsores de la expropiación.
“Que todos los argentinos tengamos que pagar todos los años una determinada cantidad de dólares gracias al error monstruoso que cometió Kicillof”, dijo Milei con respecto a su propuesta, y habló del “error de un chico que, con su perspectiva ideológica, perjudicó a 46 millones de argentinos”. “Vamos a tener un nuevo impuesto que se llama tasa Kicillof, que es para pagar el desaguisado de un amateur, porque por más que sea doctor de la UBA, parece que esas materias no las estudió. Es alguien que no tiene muy en claro cómo funcionan las finanzas y los mercados”, agregó.
