El juez Federal Julián Ercolini decidió investigar una grave denuncia que realizó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sobre la compra de medicamentos de alto costo. Esto incluye drogas para enfermedades oncológicas, HIV-SIDA, hematológicas, para evitar rechazos en trasplantes de órganos e insumos médicos, como prótesis.
La auditoría interna de esa cartera detectó sobreprecios, compras dirigidas y, entre otras cuestiones, falta de controles durante los últimos ocho años, en la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), que tiene un presupuesto anual de $38 mil millones.
Según pudo reconstruir el medio Infobae de fuentes oficiales, la lista de proveedores que será entregada al magistrado está integrada por 78 droguerías, laboratorios, farmacias, personas físicas, posibles “sellos de goma” y hasta grupos farmacéuticos, Sociedades Anónimas e ignotas Sociedades de Responsabilidad Limitada, sin ningún tipo de antecedentes en la industria farmacológica o médica. Los nombres que figuran en una planilla Excel numerada se reservan ya que están bajo investigación.
Durante la pandemia del coronavirus, la administración del Frente de Todos decidió trasladar esa área destinada a otorgar “asistencia directa y subsidios” a las personas más vulnerables de la Secretaría de Salud a la cartera de Desarrollo Social, -ahora Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia-. En los últimos días, el gobierno de Javier Milei decidió trasladar la administración de la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales al Ministerio de Salud, a cargo de médico Mario Russo.
Fue a esa repartición a la que se dirigió el escrito del juez federal Ercolini que solicitó “un informe completo de compras, proveedores y, entre otra documentación el métodos utilizado para la selección de presupuestos y los controles que se realizaban por parte de los funcionarios responsables”.
