Luego de intensas negociaciones, el oficialismo y sectores de la oposición alcanzaron un entendimiento para avanzar con la reforma del régimen penal juvenil, que contempla reducir a 14 años la edad de imputabilidad. El proyecto será debatido este jueves en el recinto, en lo que será una de las discusiones más sensibles del actual período extraordinario del Congreso.
El Gobierno había impulsado originalmente una iniciativa que fijaba el límite en 13 años, pero la falta de apoyos obligó a ceder ante la postura de los bloques dialoguistas. Finalmente, se acordó retomar el dictamen firmado en mayo del año pasado, que establece los 14 años como edad mínima para que un menor pueda ser penalmente responsable.
Desde el oficialismo reconocieron que se trata de “la ley posible”, luego de que espacios como el PRO y la UCR anticiparan que solo acompañarían esa versión del proyecto. El acuerdo político se selló en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, junto a referentes de las distintas bancadas.
El cronograma prevé que el martes se constituyan las comisiones correspondientes y que el miércoles se ratifique el dictamen, para llegar al debate en el recinto el jueves 12. En el oficialismo aseguran contar con el número necesario para iniciar la sesión y confían en reunir los votos para su aprobación, con excepción de algunos sectores de Unión por la Patria y la izquierda.
La iniciativa no solo fija la edad mínima en 14 años, sino que también establece un tope de 15 años para las condenas aplicables a menores, únicamente en casos de delitos graves como homicidio, abuso sexual o secuestro. Además, la privación de la libertad quedaría reservada como última instancia, priorizando sanciones alternativas como tareas comunitarias, medidas de reparación o restricciones de acercamiento a las víctimas.
Durante las negociaciones, los bloques provinciales reclamaron garantías de financiamiento para afrontar los costos que implicará el nuevo régimen. En ese marco, se acordó incorporar una cláusula que habilite convenios entre la Nación y las provincias que adhieran al sistema, con el objetivo de cubrir los gastos adicionales que demande su implementación.
