La Confederación General del Trabajo (CGT) intensificó en las últimas horas su estrategia para frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional, mientras desde la Casa Rosada descartan abrir una nueva instancia de diálogo y le restan importancia a los movimientos del sindicalismo.
En el oficialismo aseguran que no existe preocupación interna por las acciones de la central obrera y sostienen que el debate con los gremios ya se dio durante la etapa de elaboración del proyecto. “El intercambio existió antes de que se presentara la iniciativa. No hay nada más que discutir”, señalan desde el Ejecutivo, donde afirman que participaron representantes sindicales y empresariales en reuniones previas.
A pesar de ello, la CGT manifestó un rechazo público al texto final, convocó a una movilización el pasado 18 de diciembre y anticipó que impulsará un paro nacional el día en que el Senado trate la reforma. En Balcarce 50 reconocen que buscarán evitar enfrentamientos si se concreta una nueva protesta en las calles.
Desde el Gobierno también consideran altamente probable que la reforma termine judicializada en caso de ser aprobada por el Congreso. La propia CGT advirtió que dará pelea “en la calle, en Diputados, en el Senado y en la Justicia”, utilizando todos los mecanismos institucionales disponibles.
En ese marco, la conducción sindical mantuvo este viernes una reunión con el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la sede de Azopardo. Del encuentro participaron además la vicegobernadora Verónica Magario y funcionarios provinciales, con el objetivo de analizar el impacto de la iniciativa y coordinar una estrategia común frente a su tratamiento parlamentario.
Según informó la CGT en un comunicado, durante la reunión se intercambiaron miradas sobre las consecuencias económicas del plan oficial, especialmente en materia de empleo y poder adquisitivo. También se expresó preocupación por los cambios que introduce la reforma laboral en puntos sensibles como indemnizaciones, vacaciones y extensión de la jornada de trabajo.
Pese a la presión gremial, en el Ejecutivo ratifican que la reforma laboral es una prioridad política para el inicio de 2026 y descartan retirar o modificar el proyecto. Además, confirmaron que no está prevista una convocatoria formal a la CGT antes de su debate y que las negociaciones se concentrarán en sumar apoyos de bloques aliados a partir de fines de enero, cuando se retomen las sesiones extraordinarias.
“Puede haber contactos informales, pero no hay nada oficial en agenda”, concluyen en el Gobierno, que mantiene firme su intención de avanzar con la iniciativa en febrero.
