Agostina Páez, abogada argentina de 29 años, continúa en Brasil bajo tobillera electrónica y sin acceso a su pasaporte, tras ser detenida por un episodio de presunto racismo en un bar del barrio de Ipanema, Río de Janeiro. La fiscalía brasileña solicitó prisión preventiva al considerar que la joven tuvo una conducta “discriminatoria y ofensiva”, mientras la defensa y una fundación argentina cuestionan la medida como desproporcionada.
La Fundación Apolo, dirigida por el exlegislador Yamil Santoro, presentó un escrito ante la Cancillería argentina solicitando su intervención para garantizar los derechos de Páez. El documento señala que la abogada habría reaccionado ante un intento de cobro indebido y gestos ofensivos de los empleados del bar, lo que revertiría la percepción de víctima y victimaria.
El escrito cita tratados internacionales como la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, para reforzar la protección de mujeres extranjeras en contextos de violencia o asimetría. Además, denuncia el uso del caso por parte de fuerzas de seguridad brasileñas con fines de “ejemplaridad”, difundiendo imágenes en redes oficiales que podrían vulnerar la presunción de inocencia.
Por su parte, el Ministerio Público de Río de Janeiro mantiene la solicitud de prisión preventiva, argumentando que la conducta de Páez “extrapoló cualquier contexto de discusión o malentendido”. Mientras tanto, la fundación insiste en que la Cancillería ejerza protección consular y explore la posibilidad de un reclamo diplomático para permitir el regreso de la abogada a Argentina.
