Una nueva amenaza escolar encendió las alarmas en la provincia de Buenos Aires, en medio de una creciente ola de mensajes intimidatorios en instituciones educativas de todo el país. La Justicia de Menores ordenó allanamientos en viviendas de alumnos de la localidad de Olmos, a unos 20 kilómetros de La Plata, tras la difusión de publicaciones en redes sociales que advertían sobre posibles ataques.
El caso más grave involucra a un adolescente de 14 años que asiste al secundario de la Cooperativa Educativa “Colegio Emanuel”. El menor publicó en su cuenta un mensaje que decía “Mis armas. Los espero mañana”, acompañado de una imagen en la que exhibía dos escopetas, una pistola y un chaleco antibalas en lo que sería su habitación.
En paralelo, otro episodio ocurrió en el Colegio Nuestra Señora de Luján, en la capital bonaerense, donde un estudiante ingresó con una réplica de arma de fuego. La situación generó confusión y preocupación entre directivos, alumnos y familias. Tras la intervención policial, el joven fue trasladado junto a sus padres a una comisaría.
Ante estos hechos, las autoridades educativas resolvieron suspender las actividades y convocar a una reunión urgente con las familias, mientras se reforzaron los protocolos de seguridad.
Ambos casos se enmarcan en una seguidilla de amenazas similares registradas en distintas provincias, con mensajes que circulan en escuelas y redes sociales con advertencias de supuestos tiroteos. Las situaciones obligaron a activar protocolos en instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, Tucumán, Córdoba y Salta, entre otros distritos.
El fenómeno ocurre en un contexto especialmente sensible, tras el ataque ocurrido semanas atrás en una escuela de Santa Fe, donde un adolescente asesinó a un compañero e hirió a varios estudiantes.
Por el momento, no está claro si las amenazas responden a un reto viral o a otra motivación, aunque las autoridades investigan el origen de los mensajes y su posible conexión con entornos digitales.
Desde sectores educativos y gremiales advirtieron sobre la necesidad de una intervención más amplia del Estado, al considerar que estas situaciones exceden el ámbito escolar y requieren abordajes integrales que incluyan la prevención del delito en redes sociales.
