La administración de Javier Milei, en su afán por reestructurar y reducir el peso del Estado, comenzó a tantear la implementación de Inteligencia Artificial (IA) en el sector público. Sin embargo, un reciente análisis internacional encendió las alarmas sobre los peligros de aplicar estas nuevas tecnologías sin una planificación integral, advirtiendo que el Gobierno corre el riesgo de simplemente "automatizar la ineficiencia".
Un informe basado en la revisión de 200 casos reales en el mundo, difundido por la Agencia Noticias Argentinas, expone una dura realidad para las gestiones que buscan soluciones mágicas en la tecnología: la IA no arregla un sistema burocrático que ya está roto, sino que amplifica sus fallas.
El doble filo de la modernización
Mientras la Casa Rosada evalúa cómo integrar estas herramientas, los antecedentes globales muestran resultados muy contrastantes. En Argentina, el sistema Prometea ya genera borradores de resoluciones judiciales en minutos, agilizando un ámbito históricamente lento. En Austria y Francia, los algoritmos lograron recuperar millones en impuestos evadidos cruzando datos y detectando construcciones clandestinas desde imágenes satelitales.
No obstante, el lado oscuro de una implementación apurada puede generar crisis institucionales severas. El caso más dramático se registró en los Países Bajos, donde un modelo tecnológico sesgado acusó erróneamente de fraude a 26 mil familias vulnerables. El daño social fue incalculable, provocando la pérdida de hogares, empleos y el colapso del gobierno entero.
La advertencia de la OCDE
De acuerdo con un reciente estudio de la Dirección de Gobernanza Pública de la OCDE, el 70% de los países ya utiliza la IA para mejorar procesos internos, pero apenas un tercio logró aplicarla en el diseño real de las políticas públicas.
El desafío central para la gestión nacional no reside únicamente en adquirir la tecnología o acelerar los recortes de personal administrativo, sino en rediseñar un Estado que responda de manera justa a la ciudadanía. Según advierten los especialistas, avanzar a ciegas hacia la digitalización sin reparar las fallas estructurales previas podría profundizar la desconexión y la desconfianza que hoy castiga a las instituciones públicas.
