Un gravísimo y oscuro episodio de violencia institucional mantiene en vilo a la ciudad de Córdoba, donde un joven de 19 años se encuentra peleando por su vida en terapia intensiva tras aparecer ahorcado en una celda de la Comisaría 6 del barrio General Paz. Mientras la fuerza de seguridad sostiene la hipótesis de un intento de suicidio, la familia de la víctima denuncia un caso de brutalidad policial extrema.
El calvario de Tomás Elías Orihuela comenzó con una cadena de negligencias. Tras acordar un juicio abreviado y quedar en libertad condicional el jueves pasado, el joven fue interceptado el viernes a la noche durante un operativo. Al pedirle el DNI, la base de datos de la Policía, que estaba completamente desactualizada, arrojó dos pedidos de captura. Tras ser llevado a la unidad judicial y comprobarse el error, fue liberado.
Segunda detención por error y tragedia
El sábado por la tarde, la inoperancia se repitió. Otra patrulla volvió a controlarlo en el barrio, el sistema falló de nuevo y lo trasladaron otra vez a la Comisaría 6. Como la funcionaria judicial ya conocía su caso, ordenó su liberación inmediata y lo alojaron temporalmente en una celda a la espera del médico forense, un trámite de rutina previo a darle la libertad.
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Esa misma noche, su madre fue a llevarle comida, pero los agentes le impidieron verlo argumentando que "estaba dormido". En la madrugada, una patrulla le notificó fríamente en su casa que su hijo había sufrido un "accidente" y debía ir de urgencia al hospital.
La coartada policial y la sospecha de asesinato
El reporte oficial afirma que los efectivos encontraron a Orihuela ahorcado con su propio buzo dentro del calabozo y que lograron reanimarlo para llevarlo al Hospital Córdoba. Tras un primer diagnóstico devastador de muerte cerebral, un traslado al Hospital Eva Perón arrojó un hilo de esperanza: una tomografía confirmó que el joven aún presenta actividad neurológica y lucha por sobrevivir.
La familia de la víctima y los vecinos de Bajo Pueyrredón, que protagonizaron fuertes incidentes en la ruta 19 exigiendo justicia, rechazan de plano la coartada policial. Argumentan que es ilógico que un joven, que ya sabía que iba a recuperar su libertad en cuestión de minutos tras aclarar un error, tomara la decisión de quitarse la vida.
Ante la firme sospecha de un ataque en manada, la fiscal Silvana Fernández ordenó el secuestro inmediato de las cámaras de seguridad de la dependencia policial y de los teléfonos celulares de todos los agentes involucrados en la guardia, mientras la división Homicidios investiga a fondo qué pasó realmente en esa celda.
