El fiscal federal Carlos Martínez pidió una prórroga de 120 días para profundizar medidas de prueba, solicitud que fue acompañada por todas las partes. Ahora, el juez Santiago Inchausti deberá resolver si concede la extensión para avanzar en una causa que ya tiene ramificaciones internacionales.
La conexión con el Tercer Reich
El foco está puesto en Friedrich Kadgien. La fiscalía requirió cooperación formal a Alemania para que informe qué funciones desempeñó entre 1933 y 1945. Ese dato no es menor: podría esclarecer cómo la pintura, atribuida al italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti, salió de Europa en plena era nazi y terminó décadas más tarde en una vivienda marplatense.
El caso se destapó cuando un medio neerlandés detectó la obra en una propiedad en venta en Mar del Plata. La casa pertenecía a una hija de Kadgien, quien aseguró que su familia adquirió el cuadro legalmente en 1943 en un museo de Colonia.
Sin embargo, la pieza integraba la colección del galerista judío Jacques Goudstikker, saqueada tras la invasión nazi a Ámsterdam. De las casi 800 obras robadas, la familia solo logró recuperar unas 350.
Bajo custodia y con nuevas sospechas
El “Retrato de dama”, valuado en 250.000 euros y cuya autenticidad fue confirmada por la Academia Nacional de Bellas Artes, permanece bajo custodia de la Corte Suprema hasta que se determine su destino definitivo.
La causa se amplió luego del hallazgo de otras pinturas en domicilios vinculados a la familia Kadgien. Ahora la Justicia intenta establecer si esas piezas también formaron parte del botín nazi o si no guardan relación con la colección Goudstikker. En estos casos, los peritajes quedarían bajo la órbita de la Secretaría de Cultura.
Además, se aguarda un informe técnico-histórico de la DAIA, que interviene como amicus curiae, sobre los criterios internacionales de restitución de bienes culturales saqueados durante el nazismo.
Medidas cautelares y posible giro judicial
Mientras tanto, el fiscal pidió prorrogar medidas cautelares que incluyen el congelamiento de cajas de seguridad, inhibición general de bienes, prohibición de salida del país y retención de pasaportes de los imputados.
La causa está caratulada como encubrimiento, aunque no se descarta que pueda escalar a delitos más graves, como lavado de activos, si las nuevas pruebas lo justifican.
