La causa se tramita bajo el principio de Justicia Universal y apunta a determinar responsabilidades por delitos de lesa humanidad atribuidos a la estructura del Estado venezolano. Ramos sostuvo que la declaración de Gallo podría resultar “pertinente y útil” para reforzar el conjunto de pruebas reunidas hasta el momento.
En su resolución, el juez indicó que la citación busca fortalecer “el plexo probatorio acumulado en relación a la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales por parte de sus autoridades”.
Antes de fijar fecha de audiencia, Ramos solicitó a Gendarmería Nacional la elaboración de un informe interdisciplinario para evaluar si el testigo se encuentra en condiciones de declarar bajo juramento, en qué plazo podría hacerlo y bajo qué modalidad. Además, pidió que se determine si Gallo está alcanzado por algún deber de abstención o secreto profesional, según lo establece el artículo 244 del Código Procesal Penal de la Nación.
Pedido de extradición de Maduro
En el marco de la misma causa, a principios de febrero el juez Ramos solicitó la extradición de Nicolás Maduro a la Argentina para que responda por delitos de lesa humanidad. El pedido se formalizó luego de que el fiscal federal Carlos Stornelli impulsara el inicio de los trámites correspondientes.
La solicitud se apoya en una presentación de las organizaciones Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) y Fundación Apolo para el Desarrollo Democrático (FADD), querellantes en el expediente.
Según el planteo fiscal, la situación judicial internacional de Maduro abriría la posibilidad de activar la orden de captura emitida por la Justicia argentina en septiembre de 2024 y avanzar con el proceso de extradición activa, conforme al tratado firmado entre Argentina y Estados Unidos en 1997.
