La Corte Suprema de Justicia dejó firme la cautelar que obliga al Gobierno a aplicar dos artículos de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, vinculados a la actualización salarial y a la recomposición de becas y programas estudiantiles.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes desestimaron el recurso presentado por el Poder Ejecutivo al considerar que no se dirigía contra una sentencia definitiva, requisito necesario para la intervención del máximo tribunal.
La causa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) contra el decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno había intentado suspender la aplicación de los artículos cuestionados.
Con esta resolución, la Corte no se pronunció sobre el fondo del conflicto, es decir, si el Ejecutivo puede o no suspender la aplicación de una ley sancionada por el Congreso, sino que mantuvo vigente la medida cautelar mientras continúa el trámite judicial.
En paralelo, la decisión se conoció semanas después de un acuerdo entre el Gobierno y las universidades para la transferencia de fondos destinados a incrementos salariales y gastos de funcionamiento, así como la ampliación de partidas para hospitales universitarios.
El fallo también consideró que la eventual falta de aplicación de la norma podría generar perjuicios en el sistema universitario, afectando el derecho a enseñar y aprender, y que el impacto fiscal del cumplimiento no resultaba significativo en el presupuesto nacional.
De esta manera, la cautelar seguirá vigente mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una sentencia definitiva en la causa.
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