Una nutrida movilización de intendentes de distintos puntos del país se concentró frente al Ministerio de Economía para reclamar por la restitución de fondos y la reactivación de la obra pública, en un contexto de creciente preocupación por la situación financiera de los municipios.
La convocatoria fue impulsada por la Federación Argentina de Municipios (FAM), encabezada por Fernando Espinoza, y contó con la participación de cerca de 150 jefes comunales de 18 provincias, incluyendo representantes de distintos espacios políticos.
Durante la jornada, los intendentes entregaron un petitorio dirigido al ministro Luis Caputo, en el que expusieron el impacto de las actuales condiciones económicas en los distritos. Entre los principales puntos, señalaron la caída de recursos, el aumento de costos, la retracción de la actividad y la creciente demanda social.
El encuentro también tuvo el respaldo político de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires) y Ricardo Quintela (La Rioja), quienes participaron de una reunión posterior en la sede de la FAM. Ambos mandatarios cuestionaron las políticas del Gobierno nacional y advirtieron sobre las consecuencias sociales y productivas en sus provincias.
Entre los reclamos, los intendentes pidieron la distribución equitativa de los fondos provenientes del impuesto a los combustibles, así como la reactivación de obras paralizadas y la apertura de instancias de diálogo institucional con Nación.
Desde los municipios también alertaron sobre dificultades para sostener servicios básicos y afrontar compromisos salariales, en un escenario que calificaron como crítico.
La movilización incluyó la presencia de dirigentes de peso del peronismo como Jorge Ferraresi, Julio Alak, Mario Secco, Fabián Cagliardi y Lucas Ghi, además de una delegación de intendentes radicales.
En representación de Santiago del Estero, participaron la intendente de la Capital, Norma Fuentes; la jefa comunal de Las Termas de Río Hondo, Paula Canepa; y la intendente de Ojo de Agua, Mónica Bustamante.
El encuentro dejó en evidencia la preocupación generalizada de los gobiernos locales y anticipa nuevas acciones conjuntas para visibilizar la situación en distintas regiones del país.
