El gobierno de Javier Milei ejecutó este jueves una medida restrictiva sin precedentes al prohibir el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada. A través de una decisión comunicada de forma escueta, la Casa Militar eliminó las huellas dactilares de más de 60 periodistas de sus registros, bloqueando de manera indefinida el acceso a Balcarce 50 para los trabajadores de medios nacionales e internacionales.
La determinación oficial se conoció durante las primeras horas de la mañana, cuando se impidió el ingreso a cronistas de Radio 10 y otras emisoras sin mediar explicaciones formales iniciales. Posteriormente, el Gobierno difundió que la medida tiene carácter "preventivo" ante una presunta investigación por "espionaje ilegal" vinculada a un informe periodístico emitido por la señal TN.
Censura y denuncias penales
El conflicto se originó tras la difusión de imágenes de los pasillos internos de la sede gubernamental. Si bien los acreditados aseguran que las grabaciones contaban con autorización y no revelaban información sensible, la Casa Militar impulsó una denuncia penal contra los responsables. El oficialismo sostiene que se filmaron rutinas de seguridad presidencial sin habilitación, encuadrando el hecho como un delito contra la seguridad de la Nación.
El clima de hostilidad hacia la prensa se vio reforzado por la actividad del propio presidente Javier Milei en redes sociales. El mandatario replicó mensajes que califican a los periodistas como "basuras humanas" y exigen la revocación permanente de sus credenciales e incluso penas de cárcel.
Incertidumbre en la cobertura oficial
La suspensión de las acreditaciones por tiempo indeterminado deja vacía la sala de periodistas de la Casa Rosada y anula la posibilidad de realizar preguntas en las conferencias de prensa habituales. Las asociaciones de prensa y diversos sectores políticos ya advierten que esta medida constituye un grave retroceso en la libertad de expresión y una barrera institucional para el control de los actos de gobierno. La orden directa de la Presidencia mantiene el edificio cerrado a la prensa mientras escala la tensión entre el Ejecutivo y los medios de comunicación.
