Las entidades prestadoras de servicios oftalmológicos de todo el país salieron al cruce de la reciente decisión del PAMI de bloquear de manera discrecional la atención a pacientes.
Adujeron falta de criterios técnicos transparentes y parámetros clínicos verificables que la justificaran.
La obra social de los jubilados había publicado, días pasados, que detectó presuntas “sobrefacturaciones” en prestaciones oftalmológicas, según informó la agencia Noticias Argentinas entre otros medios.
Y el sector no sólo lo negó sino que adujo que la medida paraliza la atención de miles de afiliados sin un procedimiento claro de auditoría, sin comunicación formal a los prestadores, sin dictámenes técnicos disponibles y sin permitir instancias de revisión o descargo.
Calificaron la decisión administrativa de arbitraria, imprecisa y sin sustento clínico verificable, ya que afecta directamente el acceso de los adultos mayores a la atención visual, fundamental para:
prevenir la ceguera evitable,mantener autonomía y calidad de vida,disminuir caídas y hospitalizaciones,asegurar un estándar básico de bienestar en una población altamente vulnerable.
“La mayoría de los pacientes damnificados perciben la jubilación mínima y no cuentan con alternativas reales. Cada día sin atención constituye un perjuicio cierto, acumulativo y evitable”, comentó Omar López Mato, miembro de CAMEOF.
Consecuencias
Enumeró qué consecuencias tiene la interrupción unilateral de autorizaciones oftalmológicas: desfinancia a instituciones que dependen de la continuidad prestacional, genera inestabilidad en equipos profesionales, paraliza quirófanos y turnos programados, compromete seriamente la continuidad asistencial de miles de personas mayores.
Y advirtió que, de persistir esta situación, los prestadores se verán forzados a adoptar medidas de fuerza para reclamar la regularización urgente del sistema y la apertura de canales de diálogo institucional.
Para finalizar diciendo que una vez más se pone de manifiesto que, aunque los gobiernos cambien, ciertos patrones de discrecionalidad, opacidad y arbitrariedad persisten, perjudicando siempre al mismo sector: el jubilado que necesita ver para vivir con dignidad.
