El profesional de la salud conocido mediáticamente como el “Lotocki entrerriano”, identificado como Daniel Ojeda, murió mientras se encontraba alojado en un penal de la Patagonia cumpliendo una condena unificada de 11 años de prisión. La sentencia había sido dictada por su responsabilidad en dos fallecimientos ocurridos tras cirugías estéticas realizadas sin las condiciones de seguridad exigidas.
Ojeda ya había sido objeto de múltiples denuncias por mala praxis y por llevar adelante procedimientos invasivos en lugares no autorizados. En uno de los casos por los que fue condenado, una mujer perdió la vida luego de someterse a una liposucción en 2019. A pesar de esa sanción judicial, continuó realizando prácticas clandestinas, lo que derivó en una segunda víctima fatal en 2022.
Su licencia profesional había sido revocada tras acumular acusaciones por lesiones graves y secuelas ocasionadas a distintos pacientes. Aun así, el médico insistió en seguir ofreciendo tratamientos estéticos en circuitos informales, pasando por alto las prohibiciones legales.
La muerte de Ojeda genera impacto en un contexto donde varios de los damnificados aún aguardaban resolución en expedientes abiertos por intervenciones que les dejaron daños físicos o complicaciones de largo plazo. Pese a su fallecimiento, las causas vinculadas a otras víctimas seguirán su curso en la Justicia.
Este episodio vuelve a plantear la urgencia de reforzar los controles sobre procedimientos estéticos fuera del sistema sanitario autorizado y de prevenir que personas sin habilitación realicen prácticas que pueden poner en riesgo la vida.
