La Justicia de Salta avanza con una causa que ya tiene a 53 docentes imputados por la presunta presentación de certificados falsos con el objetivo de incrementar puntajes en concursos y procesos de designación. La investigación se originó el 17 de diciembre de 2025, luego de que el secretario de Gestión Educativa radicara una denuncia tras una auditoría interna que detectó irregularidades masivas en las inscripciones.
De acuerdo con los datos del Ministerio Público Fiscal provincial, se identificaron 291 inscripciones con documentación apócrifa, 286 registros adulterados y un total de 237 docentes involucrados en distintas instancias del proceso. Las maniobras estaban vinculadas a la obtención de supuestas diplomaturas con puntaje, ofrecidas a través de redes sociales.
La Unidad de Delitos Complejos (UDEC) determinó que los docentes eran contactados principalmente por Facebook mediante perfiles como “Cursos Educar” o bajo el alias “Ana Guzmán”. Allí se promocionaban capacitaciones que aparentaban estar avaladas por instituciones reales. Para acceder a los certificados, se abonaban sumas que iban desde los 95 mil hasta los 360 mil pesos, tras lo cual se entregaban archivos en formato PDF con sellos y firmas escaneadas.
La Dirección de Control y Acreditación de Títulos corroboró que gran parte de la documentación era falsa: se detectaron numeraciones inexistentes, duplicadas o que no figuraban en registros oficiales, lo que confirmó la maniobra.
En el marco de la causa, la fiscal Ana Inés Salinas Odorisio estableció los roles de los principales sospechosos. Según la investigación, una docente del sur de la provincia se encargaba de captar interesados y cobrar los cursos; otra mujer en el norte brindaba soporte y respondía consultas bajo una identidad ficticia; mientras que un hombre radicado en Bariloche sería el administrador digital y receptor del dinero.
Hasta el momento, dos mujeres fueron detenidas e imputadas de manera provisoria por los delitos de falsificación de instrumento privado en concurso ideal con fraude a la administración pública y asociación ilícita en concurso real. La causa continúa en etapa investigativa y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de la documentación secuestrada.
