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El País

En plena crisis de desempleo, Sturzenegger propone crear empresas manejadas por IA y "sin humanos"

Mientras el país atraviesa una dura pérdida de puestos de trabajo, el ministro apuesta por una ley para habilitar sociedades comerciales sin empleados humanos para atraer capitales tecnológicos.

En medio de un contexto marcado por la recesión económica y una profunda crisis de desempleo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, adelantó el envío de un proyecto de ley al Congreso para permitir la creación de empresas gestionadas íntegramente por inteligencia artificial y sin intervención humana.

La iniciativa central del paquete de reformas modifica la Ley de Sociedades para que el país reconozca formalmente a este nuevo tipo de entidades jurídicas. El funcionario detalló que esta normativa permite la constitución legal de sociedades comerciales que carecen de empleados físicos y funcionan operadas de manera exclusiva por programas informáticos.

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Mientras los indicadores sociales reflejan el impacto de la pérdida de puestos de trabajo tradicionales, el objetivo del Gobierno consiste en atraer capital tecnológico global bajo un régimen jurídico de vanguardia. Sturzenegger afirmó que la meta es posicionar a la Argentina como sede principal de estas sociedades ante la inminente dominancia de la inteligencia artificial en la producción del PBI mundial.

El ministro tomó como referencia de éxito el modelo de crecimiento económico de Irlanda y aseguró que el país debe adaptar sus leyes para captar las inversiones del futuro, marcando un fuerte contraste con las demandas urgentes del mercado laboral local.

Desregulación total

El cronograma legislativo impulsado por el Gobierno se completa con otras medidas que buscan reducir la intervención estatal. El paquete incorpora una reforma a la Ley de Cabotaje para disminuir los costos del transporte fluvial y profundos cambios en la Ley de Defensa de la Competencia.

Con esta última modificación, la autoridad de aplicación asume la potestad legal de litigar contra las regulaciones que el propio Estado impone y que funcionan como barreras de entrada para la creación de nuevas compañías.

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