El Gobierno nacional volvió a defender la baja de la edad de imputabilidad, al considerar que la legislación vigente se encuentra desactualizada frente a la realidad del delito juvenil. En ese marco, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, afirmó que el límite debería establecerse a partir de los 12 años, por debajo de los 13 años que contempla el proyecto oficial.
En declaraciones radiales, la funcionaria señaló que la reducción de la edad de imputabilidad es un eje central de la Ley Penal Juvenil y destacó que la discusión a nivel internacional se mueve entre los 12 y 14 años. Además, remarcó que la Argentina se encuentra rezagada en comparación con otros países de la región y del mundo.
Monteoliva celebró que la iniciativa haya sido incluida en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso, y expresó su expectativa de que el debate legislativo permita avanzar en una modificación del régimen actual, vigente desde 1980. Según sostuvo, las organizaciones criminales han cambiado y hoy reclutan a menores, lo que obliga a una actualización normativa.
La postura fue respaldada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien cuestionó duramente el régimen vigente al considerarlo injusto tanto para las víctimas como para los propios menores, que —según afirmó— regresan a la calle sin consecuencias.
El titular de la cartera de Justicia aseguró que la realidad social y delictiva actual no es comparable con la de décadas atrás, y advirtió sobre el aumento de delitos graves cometidos por menores, muchos de ellos utilizados por adultos para eludir responsabilidades penales.
En ese sentido, Cúneo Libarona sostuvo que existen antecedentes de hechos violentos protagonizados por chicos de entre 12 y 15 años que comprenden claramente la gravedad de sus actos, y llamó a actualizar la legislación para adecuarla al contexto actual y a los estándares internacionales.
