El Poder Ejecutivo Nacional oficializó la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y avanzó con una reforma integral del esquema sanitario que cubre a personal militar y de fuerzas federales. La medida quedó plasmada mediante un decreto que establece la creación de dos nuevos organismos autárquicos, con el objetivo de ordenar un sistema que se encontraba al borde del colapso operativo.
A partir de esta decisión, el IOSFA fue escindido en la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA) y la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (OSFFESEG). Ambas entidades tendrán personería jurídica propia y funcionarán bajo la órbita de los ministerios de Defensa y de Seguridad, respectivamente.
Según la evaluación oficial, el esquema anterior resultaba inviable debido a un pasivo que ronda los 200.000 millones de pesos, producto de desequilibrios estructurales y gestiones irregulares acumuladas en los últimos años. La crisis comprometía la atención médica de más de 500.000 afiliados en todo el país.
La OSFA estará destinada a brindar cobertura al personal militar en actividad, retirados, civiles de las Fuerzas Armadas y sus familias, mientras que la OSFFESEG concentrará la atención de efectivos de la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval Argentina.
El decreto fija un esquema estricto de administración de recursos: el 80% de los ingresos deberá destinarse exclusivamente a prestaciones médico-asistenciales, hasta un 8% podrá utilizarse para gastos administrativos y el 12% restante quedará habilitado para otras prestaciones sociales, siempre que la atención sanitaria esté garantizada.
En materia de control, la normativa impone requisitos de idoneidad técnica para los integrantes de los directorios y establece auditorías permanentes a cargo de la Sindicatura General de la Nación, además de un régimen de incompatibilidades para evitar conflictos de interés.
La urgencia de la reforma quedó expuesta en distintas regiones del país. En ciudades con fuerte presencia militar, como Punta Alta, miles de afiliados atravesaron meses de interrupciones en servicios básicos, generando reclamos gremiales y preocupación social.
El proceso de transición prevé el traspaso ordenado de activos, pasivos y personal a las nuevas estructuras. Una comisión especial integrada por áreas clave del Gobierno supervisará que no se interrumpan tratamientos ni se vea afectada la cobertura del Programa Médico Obligatorio.
