El Gobierno planea continuar con lo que define internamente como un proceso de “transformación” en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que incluye la posibilidad de reducir hasta 1.700 puestos mediante retiros voluntarios.
Según fuentes oficiales, la medida tiene como objetivo “adecuar al instituto a los niveles de eficiencia requeridos por el Estado”. Actualmente, el INTA cuenta con 5.822 empleados.
Durante los últimos meses, la propuesta enfrentó obstáculos tanto en la Justicia como en el Congreso, así como resistencia interna dentro del organismo. Sin embargo, desde el Ejecutivo aseguran que se retomará la revisión integral de la estructura del instituto.
Entre las medidas que se analizan figura el cierre de ciertos centros de investigación que, según el Gobierno, no justifican su infraestructura o no están generando resultados acordes con las necesidades del sector agropecuario.