El Gobierno nacional analiza sumar una nueva denuncia contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en caso de que la entidad no presente los balances solicitados por la Inspección General de Justicia (IGJ). El organismo de control reiteró en los últimos días el pedido de documentación contable ante posibles irregularidades en la administración que encabeza Claudio “Chiqui” Tapia.
Desde el Ministerio de Justicia confirmaron que la IGJ abrió un sumario administrativo para investigar distintos aspectos de la gestión, con especial foco en los estados contables, la actuación institucional en la provincia de Buenos Aires y la creación de la Universidad de la Asociación del Fútbol Argentino (UNAFA).
En ese marco, se requirió información para respaldar gastos e inversiones por más de 111 millones de dólares en el caso de la AFA y alrededor de 340 millones de dólares correspondientes a la Liga Profesional. El Ejecutivo sostiene que, si la entidad no responde o se niega a exhibir sus números, se avanzará con la designación de un veedor informante.
Esa figura permitiría al Estado acceder de manera directa a libros contables, actas y documentación financiera tanto de la AFA como de la Liga Profesional, sin necesidad de autorización de sus autoridades. En la Casa Rosada advierten que una eventual resistencia al veedor o la detección de inconsistencias podría derivar en una presentación judicial.
La intimación fija un plazo máximo de 20 días para que la AFA entregue los estados contables y financieros cerrados al 30 de junio de 2025, además de explicaciones sobre las asambleas ordinarias y extraordinarias realizadas el 28 de octubre de 2025 en el predio de Ezeiza. También se solicitó aclarar la participación de funcionarios de la Dirección General de Personas Jurídicas bonaerense en esos encuentros.
Según el oficialismo, la AFA habría realizado trámites y operaciones evitando el control del organismo porteño, pese a que su sede ya no se encuentra en la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, la IGJ exigió copias certificadas de actas del Consejo Directivo y de las asambleas, junto con toda la documentación vinculada a la creación y funcionamiento de la UNAFA, incluidos estatutos, autorizaciones oficiales, convenios universitarios y comprobantes del inmueble donde funciona la institución.
Esta avanzada administrativa se suma a las denuncias penales que ya impulsa el Gobierno a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que investiga a la AFA por presunta retención indebida de tributos y aportes a la Seguridad Social. El monto total bajo análisis supera los 19.300 millones de pesos y la causa tramita en la Justicia Nacional en lo Penal Económico.
