La causa que investiga una presunta administración fraudulenta y lavado de dinero en perjuicio de la AFA sumó nuevas medidas clave. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky avanzará desde la próxima semana con un cronograma de citaciones a empleados de la quinta ubicada en Villa Rosa, Pilar, un predio valuado en unos 17 millones de dólares, cuya adquisición estaría vinculada al uso de testaferros.
Además, el magistrado ya citó para el 2 de febrero al empresario Guillermo Tofoni, quien será escuchado en calidad de testigo a pedido del fiscal Claudio Navas Rial. Tofoni es el denunciante de supuestas maniobras en Estados Unidos que derivaron en un procedimiento de apertura de información conocido como discovery, y deberá aportar toda la documentación que posea sobre los hechos investigados.
En relación con la quinta, que figura a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre Ana Conte, el juzgado recibió una nómina oficial de empleados y, en base a ese listado, se organizarán las declaraciones testimoniales durante los próximos días.
La investigación también incluirá la citación de dos pilotos de helicóptero que, según registros incorporados a la causa, realizaron reiterados vuelos hacia el predio, que cuenta con helipuerto propio. El objetivo es establecer a quiénes trasladaban.
En paralelo, se incorporaron informes que indican que con una tarjeta corporativa de la AFA a nombre de Pantano se habrían pagado servicios de electricidad de numerosos domicilios ajenos a la actividad de la entidad, así como los Telepases de 54 vehículos de alta gama secuestrados en la quinta. Ante esta situación, el juez ordenó suspender de manera preventiva los débitos asociados a esa tarjeta.
El avance de la causa fue ratificado luego de que la Cámara Nacional en lo Penal Económico avalara la habilitación de la feria judicial de enero para continuar con medidas de prueba, rechazando un planteo de la defensa de Pantano y Conte. Los camaristas remarcaron que la feria no puede interpretarse como una limitación cuando se trata de investigaciones penales en curso.
Si bien aún resta definir la competencia —si la causa continuará en CABA o pasará al juzgado federal de Campana—, la Cámara sostuvo que esa discusión no debe frenar el avance de la pesquisa. Mientras tanto, los imputados mantienen prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y congelamiento de cuentas, medidas dispuestas en diciembre.
La investigación apunta a determinar si dirigentes de la AFA habrían cometido administración fraudulenta, delito que habría precedido a un posterior lavado de dinero mediante la compra de propiedades y bienes a nombre de presuntos testaferros.
