La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito continúa avanzando y en las últimas horas puso el foco en una serie de gastos en moneda extranjera que generan dudas en relación con sus ingresos declarados.
La medida más reciente fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo, quien ordenó levantar el secreto fiscal y bancario tanto de Adorni como de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, a pedido del fiscal Gerardo Pollicita. Con esta decisión, los investigadores podrán acceder a información detallada sobre movimientos financieros, consumos y créditos.
En paralelo, la fiscalía analiza distintos desembolsos realizados en los últimos años, entre ellos pagos vinculados a la compra de propiedades, cancelaciones de deudas y gastos personales, todos ellos en dólares. Estos movimientos serán contrastados con los ingresos del funcionario, cuyo salario se mantenía en torno a los tres millones de pesos mensuales hasta fines del año pasado.
Entre las operaciones bajo la lupa se encuentra la adquisición de un departamento en el barrio porteño de Caballito, así como la compra de una vivienda en un country, además de pagos parciales de hipotecas y gastos asociados a viajes, incluyendo traslados en avión privado y pasajes internacionales.
En total, las erogaciones detectadas rondarían los 90 mil dólares en un período de aproximadamente dos años, sin contar los montos financiados mediante créditos. A su vez, la investigación contempla otros gastos aún no determinados, como refacciones en propiedades, que podrían sumarse al análisis.
El expediente también incluye pedidos de información a organismos oficiales y relevamientos en el sector inmobiliario, con el objetivo de determinar si los movimientos económicos del funcionario se corresponden con sus ingresos declarados.
Mientras tanto, desde el entorno de Adorni niegan irregularidades y aseguran que su situación patrimonial será aclarada en futuras presentaciones. La Justicia, por su parte, continúa avanzando en el cruce de datos para establecer si existen inconsistencias que configuren un delito.
