Argentina reclamó este lunes ante la Corte Penal Internacional (CPI) que adopte medidas “inmediatas” frente al deterioro de la situación en Venezuela, incluyendo órdenes de arresto contra los principales responsables, entre ellos el presidente Nicolás Maduro.
Durante la apertura de la Asamblea de Estados Parte del tribunal en La Haya, el representante argentino, Diego Emilio Sadofschi, alertó que las elecciones de julio de 2024 agravaron la crisis en Venezuela y cuestionó la falta de avances de la CPI desde que la Fiscalía inició en 2021 la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad. Sadofschi subrayó que las detenciones arbitrarias, tratos inhumanos y otros abusos requieren investigaciones “rigurosas pero expeditivas”.
La respuesta venezolana no se hizo esperar. El embajador Héctor Constant Rosales calificó la intervención argentina como “vergonzosa” y acusó al Gobierno de Javier Milei de politizar la conferencia para atacar “de manera inoportuna” la legitimidad del Ejecutivo venezolano. Además, recordó que Argentina ha votado en contra de numerosas resoluciones de derechos humanos en la ONU, incluyendo una sobre tortura adoptada el pasado 20 de noviembre, y sostuvo que esto contradice sus compromisos internacionales.
El cruce se produjo en el primer día de una semana de sesiones en la CPI, donde se revisa tanto el progreso de las investigaciones sobre Venezuela y otros países, como la cooperación de los Estados miembros con el tribunal, incluyendo la ejecución de órdenes de arresto. Sadofschi aclaró que la decisión de Buenos Aires de no bloquear consensos en la Asamblea no busca favorecer a Venezuela, sino reflejar el compromiso argentino con el correcto funcionamiento del tribunal.
Por su parte, Caracas justificó su deuda con la CPI señalando que las “medidas coercitivas unilaterales e ilegales” le impiden cumplir con sus obligaciones financieras y aseguró que podrá regularizar los pagos cuando estas sanciones sean levantadas. Constant Rosales también criticó sanciones estadounidenses previas contra funcionarios del tribunal, considerándolas un ataque al derecho internacional.
El cruce se produjo minutos después de que la Fiscalía de la CPI anunciara el cierre de su oficina en Caracas por la falta de “progreso real” de Venezuela en la investigación interna de los crímenes imputados. La Corte había iniciado la pesquisa en 2018 a raíz de remisiones de varios países, y en 2023 rechazó los intentos de Venezuela de frenar la investigación alegando que su sistema judicial ya estaba actuando.
