Un productor agropecuario de Santa Fe podría perder su campo como consecuencia de una multa ambiental millonaria impuesta por el gobierno provincial, un caso que volvió a generar fuerte preocupación dentro del sector rural. La sanción, que asciende a $379 millones, fue cuestionada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que denunció un accionar desproporcionado y con efectos confiscatorios.
El afectado es Eduardo Bieler, productor de la región de los bajos submeridionales, para quien el establecimiento representa su único medio de vida. Según explicó CRA, la penalidad se originó en una falta administrativa, vinculada a no haber informado formalmente tareas de limpieza realizadas en una cañada dentro de un curso de agua que atraviesa el campo. Desde la entidad remarcaron que no se trató de una actividad prohibida, sino de una omisión de carácter burocrático.
La advertencia fue realizada por el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, quien calificó la sanción como “absolutamente desproporcionada” y alertó sobre su impacto económico y social. De acuerdo con lo señalado, el monto de la multa duplica el valor del campo, lo que expone al productor a la posibilidad concreta de un remate judicial.
Uno de los puntos más cuestionados por la entidad es que, pese a que la sanción se encuentra apelada y no está firme, el Estado provincial avanzó con un juicio de apremio para ejecutar el cobro. Esta situación, según CRA, acelera el riesgo de pérdida del establecimiento antes de que exista una resolución definitiva sobre el fondo del caso.
Desde la organización indicaron que analizaron el expediente administrativo y las actuaciones judiciales, y que el objetivo inmediato es frenar la ejecución. Además, advirtieron que, aun con la venta del campo, no se alcanzaría a cubrir el monto total de la multa, lo que refuerza la denuncia de un castigo de carácter confiscatorio.
El caso cuenta con el acompañamiento de Confederaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), que sigue el conflicto desde sus inicios. Para CRA, se trata de un antecedente peligroso que podría replicarse en otros establecimientos si no se revisa el criterio con el que se aplican las sanciones ambientales.
En paralelo, la entidad mantiene conversaciones con el actual gobierno provincial, que habría manifestado voluntad de revisar la situación tras el cambio de gestión. La expectativa es alcanzar una solución antes de la reactivación plena de la actividad judicial en febrero.
Desde CRA insistieron en que no se cuestiona la necesidad de cumplir con las normas ambientales, sino la razonabilidad de las sanciones. “Está en juego no solo un campo, sino la continuidad productiva de una familia”, advirtieron desde la entidad rural.
Un productor agropecuario de Santa Fe podría perder su campo como consecuencia de una multa ambiental millonaria impuesta por el gobierno provincial, un caso que volvió a generar fuerte preocupación dentro del sector rural. La sanción, que asciende a $379 millones, fue cuestionada por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), que denunció un accionar desproporcionado y con efectos confiscatorios.
El afectado es Eduardo Bieler, productor de la región de los bajos submeridionales, para quien el establecimiento representa su único medio de vida. Según explicó CRA, la penalidad se originó en una falta administrativa, vinculada a no haber informado formalmente tareas de limpieza realizadas en una cañada dentro de un curso de agua que atraviesa el campo. Desde la entidad remarcaron que no se trató de una actividad prohibida, sino de una omisión de carácter burocrático.
La advertencia fue realizada por el secretario de CRA, Adrián Luna Vázquez, quien calificó la sanción como “absolutamente desproporcionada” y alertó sobre su impacto económico y social. De acuerdo con lo señalado, el monto de la multa duplica el valor del campo, lo que expone al productor a la posibilidad concreta de un remate judicial.
Uno de los puntos más cuestionados por la entidad es que, pese a que la sanción se encuentra apelada y no está firme, el Estado provincial avanzó con un juicio de apremio para ejecutar el cobro. Esta situación, según CRA, acelera el riesgo de pérdida del establecimiento antes de que exista una resolución definitiva sobre el fondo del caso.
Desde la organización indicaron que analizaron el expediente administrativo y las actuaciones judiciales, y que el objetivo inmediato es frenar la ejecución. Además, advirtieron que, aun con la venta del campo, no se alcanzaría a cubrir el monto total de la multa, lo que refuerza la denuncia de un castigo de carácter confiscatorio.
El caso cuenta con el acompañamiento de Confederaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE), que sigue el conflicto desde sus inicios. Para CRA, se trata de un antecedente peligroso que podría replicarse en otros establecimientos si no se revisa el criterio con el que se aplican las sanciones ambientales.
En paralelo, la entidad mantiene conversaciones con el actual gobierno provincial, que habría manifestado voluntad de revisar la situación tras el cambio de gestión. La expectativa es alcanzar una solución antes de la reactivación plena de la actividad judicial en febrero.
Desde CRA insistieron en que no se cuestiona la necesidad de cumplir con las normas ambientales, sino la razonabilidad de las sanciones. “Está en juego no solo un campo, sino la continuidad productiva de una familia”, advirtieron desde la entidad rural.
