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El País

Alarma por el aumento de suicidios: diputados exigen informes al Gobierno

Un proyecto de resolución presentado en el Congreso solicita precisiones sobre el presupuesto ejecutado y el destino de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio ante el avance de la crisis social.

La profunda crisis económica y social que atraviesa el país suma una nueva y preocupante dimensión: el deterioro de la salud mental de la población. En este contexto, el diputado nacional de Unión por la Patria, Eduardo Valdés, presentó un proyecto de resolución para exigirle al Poder Ejecutivo informes detallados sobre el alarmante incremento en la tasa de suicidios y el estado de los programas de asistencia.

La iniciativa legislativa surge en un momento crítico, marcado por la reciente salida de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el fuerte ajuste presupuestario que afecta a las áreas de prevención. El pedido de informes apunta directamente al Ministerio de Salud para conocer la ejecución real de fondos en la Dirección Nacional de Salud Mental y el cumplimiento efectivo de la Ley Nacional de Prevención del Suicidio.

En los fundamentos de la medida, se advierte sobre un escenario de alta vulnerabilidad emocional, con un aumento sostenido de consultas e internaciones vinculadas a consumos problemáticos. El legislador opositor remarcó que el deterioro de las condiciones de vida y la precarización laboral tienen consecuencias directas en la estabilidad de los ciudadanos, especialmente entre los jóvenes, donde las cifras de intentos de suicidio muestran una tendencia creciente.

La preocupación se extiende al funcionamiento del Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) y al acceso a medicamentos esenciales para tratamientos psiquiátricos. En provincias como Santiago del Estero, donde el sistema público absorbe la mayor parte de la demanda de atención primaria, la posible interrupción de redes de asistencia nacional generaría un vacío de contención difícil de cubrir con recursos propios.

Finalmente, el proyecto exige precisiones sobre si el Estado nacional mantiene dispositivos de apoyo para las familias afectadas. La advertencia es clara: el desfinanciamiento de las políticas públicas de salud mental, en medio de una recesión que no da tregua, podría estar dejando a miles de personas abandonadas a su suerte en el momento de mayor necesidad.

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