El presidente Javier Milei firmó este jueves el Decreto 366/2025, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual se impone una severa reforma migratoria que modifica de manera sustancial los alcances de la Ley de Migraciones N°25.871. La normativa restringe el acceso de los inmigrantes a la salud y la educación pública, agiliza los mecanismos de deportación y habilita una nueva política que ofrece la ciudadanía a extranjeros que realicen inversiones económicas significativas en el país.
Con el aval de todo el gabinete, la medida fue interpretada por amplios sectores como un alineamiento ideológico y político con el expresidente estadounidense Donald Trump, cuyas políticas migratorias fueron conocidas por su dureza y por asociar a la inmigración con problemas sociales y de seguridad.
Cambios clave en salud y educación
El nuevo decreto modifica el artículo 6 de la Ley de Migraciones, estableciendo que si bien el Estado garantizará el acceso igualitario de los inmigrantes a derechos y servicios —como salud, justicia, trabajo y educación— este principio quedará supeditado a la categoría migratoria de cada persona.
En lo que respecta al sistema de salud, el decreto restringe el acceso a la atención médica gratuita únicamente a casos de emergencia, y aclara que fuera de esas situaciones, los inmigrantes solo podrán ser atendidos presentando un seguro de salud o mediante el pago previo del servicio. Solo los residentes permanentes podrán acceder al sistema de salud público en igualdad de condiciones que los ciudadanos argentinos.
En materia educativa, el texto señala que los inmigrantes, incluso en situación irregular, deberán ser admitidos en establecimientos educativos iniciales, primarios y secundarios, tanto públicos como privados. Sin embargo, las universidades públicas podrán establecer aranceles para los estudiantes extranjeros que no tengan residencia permanente. Solo podrán acceder a becas si están previstas en los estatutos institucionales o en convenios internacionales específicos.
Endurecimiento en la deportación y el control fronterizo
La reforma también agiliza los procesos de expulsión de extranjeros que cometan delitos en el país, y refuerza los controles migratorios en las fronteras, incluyendo nuevos requisitos para la regularización de migrantes. Según el Gobierno, se busca “proteger los recursos del Estado y garantizar que quienes ingresen lo hagan en condiciones legales y con respeto al orden público argentino”.
Ciudadanía a cambio de inversión
Uno de los puntos más controvertidos del decreto es la creación de la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, un organismo que tendrá como fin otorgar la ciudadanía argentina a extranjeros que realicen inversiones significativas en el país. Esta política implica, de hecho, la creación de dos categorías de inmigrantes: por un lado, quienes ingresen con capital y recibirán facilidades legales y ciudadanas; y por otro, quienes arriben sin recursos, que enfrentarán mayores obstáculos para establecerse en Argentina.
