Un joven de 18 años y dos adolescentes punibles fueron imputados como coautores del violento ataque sufrido por una adolescente de 15 años en la ciudad de San Cristóbal, ocurrido el primer día del año. Si bien la víctima sobrevivió, la fiscalía sostuvo que el accionar del grupo tuvo como finalidad quitarle la vida.
El hecho también fue atribuido a otras dos personas menores de edad que no son punibles, quienes habrían participado de la emboscada. La situación procesal de los cinco investigados fue resuelta por la jueza Cecilia Álamo, en el marco de tres audiencias desarrolladas entre lunes y miércoles en los tribunales locales.
La investigación está a cargo de la fiscal Carina Gerbaldo, de la Unidad Fiscal Especializada en Responsabilidad Penal Adolescente (UFERPA) de la Fiscalía Regional 5, junto al fiscal Emiliano Odriozola, quienes representaron al Ministerio Público de la Acusación (MPA).
De acuerdo con la acusación, la adolescente fue atacada de manera salvaje y sufrió golpes y profundos cortes en el rostro. Para los fiscales, la gravedad de las lesiones y la modalidad del ataque permiten sostener la hipótesis de un intento de homicidio.
En cuanto a las medidas dispuestas, el imputado mayor de edad continuará el proceso en libertad bajo estrictas condiciones: tiene prohibido acercarse o contactar a la víctima, su entorno, testigos y coimputados; deberá fijar domicilio, presentarse dos veces por semana en una dependencia policial, permanecer al cuidado de un familiar, no salir del país y no portar armas de fuego.
Por su parte, los dos adolescentes punibles permanecerán alojados durante 90 días en un Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil, una institución de régimen cerrado.
Las dos personas menores de edad no punibles quedaron a disposición de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe. Además, se dio intervención a un equipo socioeducativo de Salud Mental para evaluar y adoptar medidas de protección que resguarden la integridad psíquica y física de la víctima, de las adolescentes investigadas y de terceros.
En uno de los casos, la magistrada ordenó que en un plazo de 72 horas el equipo de Salud Mental realice las evaluaciones solicitadas por el Juzgado Civil y Comercial, Laboral, de Responsabilidad Extracontractual y de Familia de Rafaela, a fin de determinar la necesidad de una internación compulsiva, conforme a la Ley de Salud Mental.
Finalmente, el MPA solicitó a los medios de comunicación extremar los recaudos en la difusión de la información, respetando la normativa local, nacional e internacional vinculada a la protección de la identidad y la intimidad de personas menores de 18 años.
