El Gobierno nacional resolvió suspender la contratación de nuevos empleados en el sector público, una decisión que alcanza a la administración pública nacional y a los organismos y entidades bajo control estatal. La medida fue oficializada este viernes mediante el decreto 934/2025, publicado en el Boletín Oficial.
La normativa establece la anulación de las incorporaciones de personal a las plantas transitorias y de las contrataciones bajo cualquier modalidad, ya sea temporales, por tiempo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo parcial o de carácter eventual. Según el texto oficial, la decisión se inscribe en el proceso de reestructuración del Estado impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, en línea con los objetivos de la política libertaria de reducción y control del gasto público.
“El personal de las jurisdicciones y entidades del Sector Público Nacional comprendidas en el artículo 8°, incisos a) y c), de la Ley N° 24.156 no podrá ser designado ni contratado bajo ninguna modalidad”, señala el decreto, que deja sin efecto futuras designaciones que impliquen el ingreso de nuevos trabajadores.
La suspensión también alcanza a los contratos por prestación de servicios de profesionales autónomos, a las designaciones transitorias en planta permanente y a cualquier otra forma de incorporación de personal, exista o no relación de dependencia laboral.
No obstante, la norma contempla una serie de excepciones para sectores considerados estratégicos. Quedan exceptuadas las áreas de educación universitaria, el Servicio Penitenciario Federal, las Fuerzas Armadas y de Seguridad, así como los profesionales que se desempeñen en hospitales, centros de salud, institutos de investigación y producción. También se incluyen dentro de las excepciones las contrataciones vinculadas al Sistema Nacional de Manejo del Fuego y al cuerpo de guardaparques nacionales.
El decreto incorpora además un mecanismo de reemplazo controlado. A partir de 2026, cada organismo podrá incorporar un trabajador por cada dos bajas registradas, siempre que estas no se originen en retiros voluntarios ni en acuerdos de desvinculación. De manera excepcional, y con la intervención de la Secretaría de Hacienda, se podrá autorizar el ingreso de dos empleados para reemplazar a uno, en casos debidamente justificados.
Desde el Ejecutivo sostienen que la medida busca optimizar la estructura del Estado, supervisar la dotación de personal y avanzar en un esquema de administración más eficiente, en el marco del programa de reformas que impulsa el Gobierno nacional.
