Pese a lo anunciado por Javier Milei, el Gobierno evalúa no judicializar el aumento a las pensiones de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) tras la caída del veto en el Senado. Se trata de una de las estrategias judiciales que tiene en carpeta el Ejecutivo, que asegura que no aplicará el incremento de fondos que indica la ley.
En la Casa Rosada estudian la alternativa de no presentar una denuncia ante la Justicia para ganar tiempo y responder en todo caso una demanda presentada por la oposición contra la decisión de Nación de no ejecutar los fondos. “No vamos a promulgar la ley y estamos definiendo el mecanismo que más lo dilate”, agregan.
La estrategia está a cargo de la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, y los equipos de Procuración del Tesoro, que coordina Santiago Castro Videla.
La mesa jurídica de Balcarce 50 planteó también otras opciones, como presentar un recurso ante la Corte Suprema para solicitar la nulidad de la sesión en la que se votó la iniciativa. En Nación insisten con el argumento de que “la autoconvocatoria de Senado es ilegal” y que lo aprobado durante la sesión no tiene validez.
Otra alternativa que analizó el oficialismo es presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo bajo el argumento de que la ley no “contempla más del 15% de los fondos requeridos para ejecutarla”. Invocan a la Ley Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional y apelan al “impacto fiscal”.
El Gobierno asegura además que no impulsará un aumento en las prestaciones de discapacidad más allá de que el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que lo estaban considerando en medio de la votación por el rechazo al veto en la Cámara de Diputados. “Fue un pedido de diputados aliados. No va a suceder hasta que se resuelva lo judicial”, agregan.
El secretario manifestó además que la medida se iba a financiar mediante el recorte de fondos de pensiones por invalidez “mal otorgadas”, que todavía no están auditadas en su totalidad. Nación comenzó a principios de año un proceso de chequeo sobre el universo total de 1.000.000 pensiones, pero solo logró por el momento notificar a 280.000 beneficiarios.
