El Gobierno nacional anunció un endurecimiento en el control de los programas destinados a comedores y merenderos comunitarios, implementando nuevas medidas que buscan optimizar la distribución de alimentos y transparentar la gestión. La decisión se conoce semanas después de que la administración libertaria resolviera reducir la partida presupuestaria del Servicio Alimentario Escolar (SAE).
A través de la resolución 151/2025, publicada este viernes en el Boletín Oficial bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, se establecen modificaciones significativas en la documentación y los mecanismos de rendición de cuentas para los comedores y merenderos inscriptos en el programa Alimentar Comunidad.
Entre los cambios más destacados se encuentra la "completa nominalización" de las personas que asisten a estos espacios comunitarios. Según la cartera que conduce Santa Pettovello, esta medida permitirá "contar con datos más precisos y cruzarlos con otras áreas del Estado". El objetivo principal, argumentan desde Capital Humano, es "detectar a aquellas personas que no estén recibiendo ninguna otra asistencia del Estado, para poder abordarlas de forma directa e integral, asegurando que nadie quede fuera del alcance de los programas de ayuda".
Además de la nominalización, el Gobierno anunció el desarrollo de "plataformas digitales" para el registro de la rendición de cuentas, así como una "aplicación de geolocalización" destinada a verificar en tiempo real la existencia y las características de cada comedor o merendero.
"La presente medida se dicta en el marco de una política nacional que promueve la optimización de los recursos públicos en pos de garantizar una utilización eficiente, transparente y responsable, que permita brindar atención a necesidades básicas y urgentes de los sectores sociales más vulnerables", se explica en la resolución.
La normativa también designa a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia como la autoridad de aplicación de estas nuevas regulaciones. Un anexo adjunto a la resolución detalla los nuevos requisitos de acceso al programa, la documentación que se exigirá a las organizaciones comunitarias y los lineamientos para la implementación de la Tarjeta Alimentar Comunidad (TAC), entre otros aspectos relevantes.
Un requisito fundamental para que los comedores y/o merenderos sean considerados "elegibles para aplicar al programa" será la realización de un informe de relevamiento territorial in situ. Esta verificación presencial tendrá como objetivo confirmar la existencia real y el funcionamiento activo de la organización comunitaria.
Estas nuevas medidas del Gobierno buscan fortalecer el control sobre la distribución de alimentos y asegurar que la ayuda llegue de manera efectiva a quienes más lo necesitan. Sin embargo, se espera que la implementación de la nominalización y el uso de tecnología generen debates y desafíos operativos para las organizaciones comunitarias que trabajan en territorio.
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