La ciudad de Paraná se encuentra conmocionada por una ola de denuncias contra una empresaria del rubro de eventos, acusada de estafar a decenas de familias, proveedores y colegas en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. Se trata de la responsable del catering “Rey Eventos”, luego rebautizado como “El Olivo”, quien enfrenta múltiples presentaciones ante Defensa del Consumidor y una causa judicial que podría llegar a juicio en 2026.
Según los damnificados, la empresaria —identificada con las iniciales A.B.— cobró anticipos y pagos completos por fiestas de egresados, cumpleaños de 15 y otros eventos que no se realizaron o se llevaron a cabo de manera parcial, dejando a chicos sin comida ni decoración y a proveedores sin cobrar. “Arruinó el sueño de muchos egresados y quinceañeras”, manifestaron quienes impulsan la causa.
Fabricio Biderbos, uno de los denunciantes, aseguró que la modalidad se repitió durante al menos dos años. “Nos debe mucho dinero de decoraciones adeudadas, pero además estafó a varias escuelas. Se quedó con la plata, no pagó a fotógrafos, decoradores ni salones. En muchos lugares ya le prohibieron el ingreso”.
Un modus operandi reiterado
Las denuncias describen un patrón similar: ofrecía servicios integrales de catering, decoración y sonido, pero incumplía los contratos. En algunos casos, las fiestas se realizaban a medias, con comida insuficiente o en mal estado, y en otros directamente se cancelaban a último momento. Defensa del Consumidor ya recibió cerca de una decena de denuncias formales, mientras que Bromatología le prohibió trabajar tras detectar irregularidades sanitarias en una fiesta de egresados.
Uno de los casos más resonantes involucró a alumnos del Instituto Superior Club Atlético Estudiantes (ISCAE), quienes habían abonado más de 20 millones de pesos por un servicio de catering que fue cancelado un día antes del evento. Al llegar al salón, los padres se encontraron con que allí se realizaba otra fiesta. Ese episodio derivó en una demanda judicial que se sumó a reclamos de otras instituciones, como el Liceo Paula Albarracín y la Escuela Juan XXIII.
El juicio por estafa podría comenzar entre abril y mayo de 2026 en Paraná. Mientras tanto, los damnificados alertan que A.B. habría vuelto a ofrecer servicios a través de redes sociales, ahora con un nuevo socio, lo que genera temor a que continúen las estafas.
“No queremos que siga jugando con la ilusión de los chicos ni que estafe a más colegas. Tal vez lo económico no se recupere, pero necesitamos que esto se sepa y que no vuelva a pasar”, concluyó Biderbos.
