El abogado Gregorio Dalbón presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra la senadora Patricia Bullrich, su hijo Francisco Langeri Bullrich y el fundador de la cadena Tostado Café, Fernando Goijman, por los presuntos delitos de evasión tributaria, lavado de activos y asociación ilícita.
La presentación judicial apunta a que se investigue un supuesto entramado societario destinado a ocultar el origen de los fondos vinculados a la rápida expansión de la cadena gastronómica, que cuenta con más de 70 locales en la Argentina y presencia en países como España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay.
Según la denuncia, Francisco Langeri Bullrich y Fernando Goijman son socios de luna firma importante de cafeteria., a través de las cuales se habría desarrollado un crecimiento económico que, a criterio del denunciante, “no encuentra una explicación razonable en antecedentes comerciales, capital inicial ni financiamiento bancario verificable”.
Dalbón sostiene que la expansión se produjo en un lapso relativamente breve y alcanzó un valor de millones de dólares, sin que exista información pública clara sobre el origen de los fondos utilizados para la apertura simultánea o sucesiva de numerosos locales.
El escrito se apoya en investigaciones periodísticas que señalan la existencia de múltiples sociedades comerciales, algunas con domicilios coincidentes o vinculados a inmuebles asociados a Patricia Bullrich. En particular, se menciona una propiedad ubicada en Beruti 3822, en la Ciudad de Buenos Aires, que tendría relevancia patrimonial y fiscal dentro del análisis.
“El entramado societario se encontraría fragmentado en diversas firmas, lo cual podría responder a una estrategia deliberada de atomización destinada a dificultar el control fiscal, contable y patrimonial”, advierte la denuncia. Además, se menciona que algunas de las empresas habrían registrado cheques rechazados por falta de fondos, un dato que —según el abogado— contrasta con la supuesta solidez económica del grupo.
Respecto del rol de la senadora Bullrich, la presentación aclara que el vínculo familiar no implica por sí solo un reproche penal, pero subraya que su posición institucional exige extremar los recaudos de investigación para descartar posibles conflictos de intereses, favorecimientos indebidos o tolerancia estatal frente a eventuales irregularidades.
La denuncia quedó ahora en manos de la Justicia Federal, que deberá evaluar la apertura de una investigación para determinar si existieron delitos económicos y financieros en el desarrollo del grupo empresario.
